Monterrey.- El Estado estudia la posibilidad de concesionar a la Iniciativa Privada los servicios al interior de los penales.
“Estamos analizando a detalle los cinco mejores penales de todo el país y esos cinco tienen casualmente concesionados todos los servicios, si quieren vamos a verlos.
"Nosotros estamos pensando muy seriamente en concesionarlos y conservar sólo la custodia que es la que le corresponde al Estado”, dijo el secretario general de Gobierno, Manuel González.
Aunque aclaró que aún no se ha definido, indicó que los servicios a privatizar serían los de alimentos, lavandería, limpieza, trabajo, educación y reinserción social.
Lo anterior lo dio a conocer durante la glosa del Segundo Informe de Gobierno, donde los diputados cuestionaron al Gabinete de Seguridad sobre la crisis penitenciaria.
Marco González, coordinador priista, señaló que el Gobierno dejó pasar dos años sin tomar una decisión contundente para detener las muertes derivadas de motines.
“Sólo hemos escuchado afirmaciones y cambios de ideas radicales. Que si el Penal de Mina, que luego Galeana, que luego unos ‘mejoralitos’. Pasaron dos años y no hemos visto realmente con seriedad si hay una política penitenciaria. Nuevo León requiere urgentemente un penal de máxima seguridad”, dijo el priista.
Por su parte, la diputada Ludivina Rodríguez pidió razón de las recomendaciones emitidas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
“La Comisión demandó al Gobierno del Estado atender los reclusorios, donde se denuncian las malas condiciones que impiden la reinserción social. ¿En qué estatus va y qué acciones se van a tomar?”, cuestionó.
A esto, los funcionarios atribuyeron la crisis a "problemas de estructura" y déficit de personal y recursos.
González explicó que en el Penal del Topo Chico trabajan 320 elementos, entre Gendarmería y Policía, cuando lo ideal sería tener mil 899 elementos para el control total, es decir, un déficit de mil 579.
En el Penal de Apodaca laboran 273 oficiales, cuando se requieren mil 204, es decir un déficit de 931. En el caso de Cadereyta, trabajan 280, se necesitan mil 158, con un déficit de 878.
“En más de 30 años no se ha hecho ninguna inversión en los penales”, reiteró González, recordando que el proyecto del Penal de Mina fue propuesto por el exgobernador Natividad González Parás.