Monterrey.- Quien dañe intencionalmente el Patrimonio Cultual del Estado será sujeto a una pena que va de 3 a 10 años de prisión, más multa equivalente al daño causado.
Así lo aprobó este miércoles el Congreso del Estado, endureciendo las penas anteriores que iban de 6 meses a 6 años de prisión, con multas de 5 a 50 salarios mínimos.
Esto como consecuencia de los destrozos originados en la protesta del 5 de enero, en donde reventadores quebraron los vitrales originales del Palacio de Gobierno.
El diputado panista Marcos Mendoza promovió esta modificación al artículo 74 de la Ley de Patrimonio Cultural del Estado, justificándolo de la siguiente manera:
“Analizando la ley, no puede ser que estemos hablando de días de salario mínimo cuando el daño que hicieron en los vitales de más de 100 años costó bastante, económica y socialmente”, dijo.
Mendoza recordó que la manifestación de aquel día, quedó manchada por unos cuantos que alteraron el orden y dejaron a su paso 13 vehículos dañados y perdidas por daño a negocios por hasta 100 millones de pesos.
A consecuencia de estos actos, a la fecha han sido detenidas 182 personas y 110 han sido vinculados a proceso (27 de ellos menores de edad).
El dictamen final consideró que más allá de estas pérdidas, “el Patrimonio Histórico constituye la expresión relevante de la identidad de un pueblo y testimonio de la trayectoria y la manifestación de la riqueza y diversidad cultural que nos caracteriza en el presente”.
“Esto es algo que debemos de castigar con más fuerza y no debemos de permitir que vuelva a pasar ese tipo de cosas. Porque si no al rato, cualquier vándalo, aprovechando una manifestación o simplemente parándose frente a un monumento, nos va a alterar este patrimonio”, agregó Mendoza.