Monterrey.- Con 39 votos a favor y una abstención, el Congreso del Estado aprobó, por segunda vez, la Ley de la Fiscalía General.
Esta ley convierte la actual Procuraduría de Justicia en una Fiscalía Autónoma, separada del Gobierno.
Fue en julio pasado cuando el Ejecutivo vetó el primer intento del Legislativo, asegurando que la misma alteraba el equilibrio de poderes, además de violar las leyes de Mejora Regulatoria y Disciplina Financiera.
Además de un Fiscal General, esta ley orgánica prevé un Fiscal Anticorrupción, un Fiscal de Delitos Electorales, un Fiscal de Feminicidios y un Fiscal Antisecuestro.
Estos serán elegidos por los nueve integrantes ciudadanos del Comité de Selección, quienes ya han tomado protesta.
Los diputados consideran que con las adecuaciones hechas en respuesta a las observaciones del ejecutivo, la Ley de Fiscalía debe ser publicada sin contratiempo.
“La diferencia es que ahora el Fiscal General no depende del gobernador, es autónomo, electo por ocho años y tiene la responsabilidad de actuar, independientemente de cualquier tipo de influencia. Su jefe es finalmente los ciudadanos”, explicó el coordinador priista Marco González.
Para que no se pierdan las investigaciones que actualmente lleva a cabo la Subprocuraduría Anticorrupción, contra ex funcionarios medinista, la ley crea la Unidad Especializada de Transición, que quedará a cargo del actual subprocurador, Ernesto Canales.
“La ley es muy clara. No hay dos fiscalías. Hay una unidad especializada, en donde no se tiene el carácter de fiscalía y no hay duplicidad de funciones. Están muy claras cuáles son las funciones que van a realizar”, explicó el coordinador panista Arturo Salinas.
Contra la mayoría, se manifestaron los diputados independientes Eugenio Montiel y Ángel Barroso, quienes consideraron que no se tomó en cuenta a la Procuraduría.
“Es sumamente peligroso para Nuevo León que la justicia siga siendo impartida por la designación de los partidos mayoritarios. En este tema no se tomó en cuenta la opinión del poder Ejecutivo, específicamente de la Procuraduría, en consecuente no existe equilibrio de poderes”, dijo Barroso, único en votar en abstención.
Aunque se pretende que el Fiscal General sea ajeno a cualquier corriente política, no se descarta que el actual procurador Bernardo González Garza sea uno de los elegibles por el comité de selección.