Monterrey.- Un total de ocho aves, dos de ellas en peligro de extinción, fueron aseguradas por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en un domicilio de la colonia Cumbres, en Monterrey.
Mediante un comunicado, la dependencia federal informó que estas ejemplares de vida silvestre eran consideradas como animales de compañía o mascotas.
“En atención a una denuncia ciudadana, inspectores de la Profepa realizaron una visita de inspección a una casa–habitación, donde constataron la presencia de ocho ejemplares de aves silvestres tanto nacionales como exóticas”, dice el texto del comunicado.
Entre los ejemplares se encuentran una urraca hermosa (Calocitta formosa), una guacamaya azul y oro (Ara ararauna) y un loro mejillas amarillas (Amazona autumnalis).
Así como un tucán real (Ramphastos sulfuratus), un perico frente naranja (Aratinga canicularis-Eupsittula canicularis), dos loros frente roja o corona lila (Amazona finschi) y un loro cabeza amarilla (Amazona oratrix)
En el caso de los loros, Profepa informó que éstos están enlistados en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010 en las categorías de especie amenazada, sujeta a protección especial y en peligro de extinción.
Durante la diligencia, el dueño presentó documentación sobre el origen de las especies, pero está no estaba completa.
Las aves se localizaban en la azotea de la vivienda, que fue acondicionada como aviario, pero era un espacio reducido que impedía a las especies llevar a cabo sus actividades cotidianas.
“Evidenciando faltas al trato digno y respetuoso, por lo cual se realizó el aseguramiento precautorio de los ocho ejemplares”, señala el documento.
La Ley General de Vida Silvestre establece que está prohibida la extracción del medio silvestre, así como la posesión y el comercio de especies de la familia de los loros, pericos y guacamayas (Psitácidos ).
“Los pericos, loros y guacamayas están seriamente amenazados. El tráfico ilegal para el mercado de las mascotas, así como la destrucción de su hábitat, son las principales causas del deterioro de poblaciones silvestres, por lo que la Profepa exhorta a la sociedad a no adquirirlos, toda vez que su venta está prohibida”, agrega el comunicado.
El Código Penal Federal contempla una pena de uno a nueve años de prisión y a una sanción de 22 mil 647 a 226 mil 470 pesos por estos delitos.