Monterrey.- Ismael Flores, dirigente estatal, desde hace 16 años, de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), posee una fortuna que supera los 300 millones de pesos, según una investigación realizada por ABC.
Por ello, integrantes del sindicato obrero presentaron ya tres denuncias por enriquecimiento ilícito contra el líder de la organización afiliada al PRI.
Flores y sus seis parejas y sus 13 hijos tienen propiedades cuyo costo asciende a 53 millones de pesos, de acuerdo con documentos oficiales. Aunque desde el martes se buscó a Flores para entrevistarlo, no ha habido respuesta.
No se puede saber el sueldo que Flores percibe como dirigente obrero por la opacidad que impera y que, junto con la CNC y la CNOP son pilares del PRI.
De la lista de 14 propiedades registrada en documentos en poder de ABC, la más cara es un piso y 14 cajones de estacionamiento de la Torre Ixco, ubicada en San Pedro, y que cuesta 24 millones de pesos.
La familia de Flores posee cuatro propiedades en Monterrey, cinco en Guadalupe, una en San Nicolás, tres en Pesquería y una en San Pedro.
Flores utiliza a la Inmobiliaria Floresca S.A. de C.V., de su propiedad, para acrecentar su emporio: tres en Monterrey y dos en Guadalupe compradas a través de Floresca.
Las cinco propiedades tienen un valor de 26 millones 420 mil 850 pesos.
Los más 230 millones de pesos en los que se valúan las propiedades no se encuentran sólo a nombre de Flores, sino que las comparte con integrantes de la Federación Estatal de Autotransportes (FEAT).
Dos socios de Flores acumulan el mayor número: Juan Ayala Almeida, socio de la FEAT, tiene a su nombre 11; tres en Monterrey, una en Escobedo, una en García, dos en Apodaca, dos en San Nicolás y dos en Guadalupe.
Estos inmuebles suman 203 millones 157 mil 254 pesos.
Juan Manuel Méndez Domínguez cuenta con cuatro propiedades en Pesquería y dos en Monterrey con valor de 29 millones 542 mil 880 pesos.
Las denuncias
Comerciantes de mercados rodantes denunciaron cobros indebidos de cuotas.
Taxistas lo acusan ante el SAT por enriquecimiento ilícito.
Organizaciones civiles denuncian cobros ilegales a niños empacadores de supermercados, conocidos como ‘paqueteritos’.