El secretario general de gobierno, Manuel González, presentó públicamente
los expedientes completos del caso Cobijagate, que involucra a ex
funcionarios de la administración del gobernador Jaime Rodríguez.
“Estos documentos serán públicos, bajo un cierto orden, pero público. Va a
estar a disposición de ustedes en la Subprocuraduría, toda la investigación
penal a detalle y el expediente integrado en la contraloría, con detalles
en todos los sentidos”, dijo.
En diciembre de 2015 fueron señalados Eugenio Benavides Pintos y Gonzálo
Padilla, por la compra de cobijas al triple de su valor, razón por la que
fueron destituidos de su cargo y se abrió la respectiva investigación que
concluyó con una mediación.
González explicó que el expediente se conforma de dos investigaciones
separadas, una por parte de la Contraloría, encargada de revisar la parte
administrativa, y otra por parte de la Subprocuraduría Anticorrupción, a
cargo del procedimiento penal.
Producto de estas indagaciones, la Subprocuraduría determinó que no se
encontraron posibilidades de fincar un delito a las personas participantes,
sin embargo se estableció la necesidad de reparar el daño al erario, además
de que la Secretaría de finanzas impuso recargos tanto a los ex
funcionarios, como a la empresa involucrada.
La comercializadora Mirof, además de regresar lo ganado en la licitación,
quedó a pagar 310 mil 319 pesos a amanera de sanción, mientras que a
Benavides Pintos se le impusieron 293 mil 4 pesos y a Padilla 262 mil 414
pesos.
Distintos diputados han mostrado su rechazo a estas sanciones que
consideran ‘quedaron cortas’ dado que se comprueba un daño al patrimonio
del estado.
La diputada priista Gloria Treviño ha denunciado en distintas ocasiones que
la Contraloría se reservó información al respecto, sin embargo González
aseguró que esta reserva nunca existió, salvo mientras duraba la
investigación.
“A Arturo Salinas (diputado panista) y a Gloria Treviño se les notificó en
su momento la resolución del ejercicio de la acción penal y ellos han
seguido motivando este caso”.
“No procedieron a impugnar, transcurrió el término de 15 días y no
demostraron interés. Por eso me parece extraño que planteen el asunto otras
vez, cuando no dieron respuesta a esto”, indicó el encargado de la política
interna.