Monterrey.- Después de que ABC denunció la semana pasada la cadena de contrataciones familiares que se realiza en el Poder Judicial de Nuevo León, ayer se revelaron nuevos casos de nepotismo a través del organismo civil Redes Quinto Poder.
Juan Manuel Ramos, director general del organismo civil, indicó que solicitó informes a la Contraloría Interna del Consejo de la Judicatura y le contestaron el pasado 3 de marzo, lo cual le permitió detectar a 24 familiares de 10 magistrados laborando en el Poder Judicial del Estado.
“En la información que solicitamos encontramos que aquí tienen a la esposa, al esposo, la sobrina, el yerno. Esto ya parece el DIF, pero el de Desarrollo Integral de las Familias de los servidores públicos, pues sólo están viendo cómo acomodar a sus familiares.
“Estas prácticas deben de terminar, la gente afuera estamos indignados y enojados porque vemos cómo los funcionarios públicos hacen un uso patrimonial de los bienes del Estado y además, utilizan sus cargos públicos para poder acomodar a su familia”, indicó Ramos.
El activista agregó que está a espera de la respuesta del Gobierno del Estado, ya que solamente le explican que no hay nepotismo en la contratación de familiares, pero no le dan las razones.
Por ello, el asunto toma otro curso, como podría ser el conflicto de interés, al colocar a familiares donde hay información precisa sobre los casos que se tratan en los juzgados.
“Hay que ver a dónde lleva que un magistrado tenga a seis familiares directos trabajando en distintas dependencias; no sabemos si tenga que ver con el tema de los trámites judiciales. No estamos afirmando nada, pero esa podría ser otra vertiente de tema judicial.
“El asunto es que ahora lo tenemos que ver por el tema de conflicto de interés y por el tema de abuso de poder; inclusive por el tema ético y moral”, comentó Ramos.
El jueves pasado, ABC reveló que el Poder Judicial de Nuevo León eroga más de un millón de pesos al mes en pagos a empleados que son familiares de magistrados, por lo que contraviene a lo establecido en el artículo 50 de la Ley de Servidores Públicos, el cual señala: “Abstenerse de autorizar la selección, contratación, nombramiento o designación de quien se encuentre inhabilitado por resolución firme de la autoridad competente para ocupar un empleo, cargo o comisión en el servicio público”.