Rechazan cuenta del 'cobijagate'

Tampoco se aprobaron las cuentas de la Red Estatal de Autopistas y de Agua y Drenaje, ambas del 2012, así como paquetes rezagados pertenecientes a Rodrigo Medina.

Monterrey.-La Comisión de Hacienda del Estado rechazó la cuenta pública de Gobierno estatal del 2015, en donde figuran los gastos del llamado Cobijagate, ocurrido durante la administración de Jaime Rodríguez. Dicha cuenta contiene además irregularidades de la administración de Rodrigo Medina.

Según la diputada priista y presidenta de la Comisión, Gloria Treviño, la principal razón por la que se rechazó la cuenta se debe a la reserva de información que la Contraloría del Estado mantiene con respecto al llamado Cobijagate, caso en el que el entonces funcionario Rogelio Benavides Pintos, compró cobertores al triple de su valor.

"Hay una reserva de información. No tener acceso a esta información es lo que nos daría la pauta para rechazar  la cuenta. Queremos que se descobije el cobijagate", explicó Treviño.

En esta comisión se analizaron 77 cuentas, de las cuales fueron rechazadas 10, mientras que otras 13 fueron reservadas debido a no lograr el consenso de los miembros, ante una votación muy pareja.

Con esta reserva, el 83 por ciento de las cuentas que mantenía pendientes la comisión quedan listas para ser enviadas al pleno.

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Fueron rechazadas también las cuentas de la Red Estatal de Autopistas de Nuevo León, y Agua y Drenaje, ambas del 2012, asó como paquetes rezagados y pertenecientes a Rodrigo Medina.

Del 2015, año de transición, se rechazaron además las cuentas del Fideicomiso del Fondo de Apoyo para la Creación y Consolidación del Empleo Productivo, del Instituto Constructor de Infraestructura Física, Educativa y Deportiva, de Agua y Drenaje, de los Servicios de Salud, del Sistema de Caminos, del Parque Fundidora y de la Red Estatal de Autopistas.

La diputada Treviño, aseguró que independientemente del rechazo o aprobación de dichas cuenta, la Auditoría Superior del Estado sigue trabajando en el estudio de las mismas y serán ellos, quienes deben dar  seguimiento a las mismas, en caso de que se adjudiquen responsabilidades penales a los funcionarios implicados.