Monterrey.- Organismos civiles de Nuevo León tienen la sospecha de que el gobierno de Jaime Rodríguez los ha estado espiando.
La duda surge a raíz de un artículo publicado por el diario The New York Times, en el cual aseguró que el gobierno federal adquirió un software para espiar a periodistas y activistas.
Así que varias organizaciones civiles acudieron este miércoles al Palacio de Gobierno, para solicitar información a la Secretaría General de Gobierno.
La solicitud fue hecha por integrantes de Alianza Cívica Nuevo León, Arthemisas por la Equidad, Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, Colectivo La Democracia Participativa, Colectivo Nosotros, Redes Quinto Poder, entre otros.
Estos organismos argumentaron que el pasado 6 de enero, el mandatario dijo: “De aquí le hago un aviso a todos aquellos jóvenes o no jóvenes que están utilizando la red, que los estamos vigilando, que sabemos dónde están, que tenemos elementos y la tecnología suficiente para vigilarlos y que daremos con ellos”.
La declaración la hizo Rodríguez en relación a los jóvenes que participaron en los actos de vandalismo al Palacio de Gobierno, en donde un grupo de jóvenes reventadores dañaron vitrales históricos y el acceso principal del Palacio de Cantera.
"Yo dije que paráramos las antenas, que era un aviso peligroso, que se estaba anunciando de facto que se nos iba a vigilar y que se nos iba a espiar y que ya se contaba con la tecnología”, aseguró Juan Manuel Ramos de Redes Quinto Poder.
Mediante un documento, las organizaciones civiles le preguntaron si "¿El gobierno central de Nuevo León o cualquiera de sus dependencias utiliza algún software, herramienta o programa para vigilar a usuarios de las redes sociales? ¿El gobierno vigila a los ciudadanos fuera o dentro del Estado?”.
“Probablemente estén reproduciendo lo que hace el Ejecutivo y eso no lo vamos a permitir, porque es una práctica insana, de gobiernos totalitarios”, indicó Liliana Flores Benavides de Colectivo Nosotros.
Los activistas esperan que la secretaría responda con honestidad y por escrito. Si el gobierno negara este presunto espionaje, las ONG acudirían a las instancias de transparencia para conocer las contrataciones del Estado y reconocer en ellas alguna empresa ligada al malware Pegasus.