Monterrey.- En medio de la polémica de permitir de nuevo el uso de celulares a los policías, la mañana de este miércoles quedó en evidencia que los elementos de la Policía Regia los usan sin restricción.
Cuando atendían el reporte de un asalto a una tienda de conveniencia, en Cuauhtémoc y Treviño en el centro de Monterrey, los uniformados fueron captados por Periódico ABC usando indiscriminadamente dichos dispositivos.
El lunes pasado, el gobernador del Estado, Jaime Rodríguez, abrió la posibilidad de devolverles el uso de celulares a los uniformados argumentando que así podrían estar más cerca de su familia y de la gente a la que cuidan.
Al respecto, alcaldes municipales como Clara Luz Flores, de Escobedo; Víctor Fuentes, de San Nicolás y Héctor Castillo, de Santa Catarina, señalaron que el uso de celulares debe ser controlado con candados que eviten volver a caer en viejas prácticas como el denominado “halconeo”, motivo por el cual les fue retirado el uso de los dispositivos móviles en el 2009.
Según la Ley de Seguridad Pública del Estado, desde el 2011 se estableció como delito especial, la portación de aparatos de comunicación durante operativos, la cual señala en el artículo 159 lo siguiente:
“Se sancionará… al Policía... agente de tránsito, custodio o elemento de seguridad de los centros penitenciarios, preventivos o de reinserción social que porte o utilice durante el servicio o comisión, uno o varios teléfonos móviles, radiotransmisores, radiofrecuencias o cualquier aparato de comunicación que no sea de aquellos que se le hubieren proporcionado por la dependencia o corporación correspondiente para el ejercicio del cargo”.
La pena para quienes infrinjan este código oscila entre los 3 y 9 años de prisión, una multa de 200 a 400 cuotas, además de la destitución e inhabilitación por hasta 15 años de cualquier cargo público.
En la misma ley se contempla que los únicos que pueden utilizar celular son: los jefes policiacos de cada municipio, alcaldes, el Gobernador del Estado, el secretario general de Gobierno, el procurador de Justicia, el secretario de Seguridad Pública estatal, así como los subsecretarios y directores de la policía.