Monterrey.- La diputada local del PRI, Gloria Treviño, demandó transparencia referente al contrato que el gobierno de Nuevo León convino con el despacho Canales Dávila, pues existe opacidad respecto a su costo, además de que podría existir un conflicto de interés.
Fuentes extraoficiales le informaron que el pago por dicho servicio supera los 20 millones de pesos, y que lo referido por las autoridades estatales en julio del 2016 fue de 2 millones 25 mil pesos, lo que representaría sólo un anticipo.
“Tenemos información de que el contrato puede ser de más de 20 millones de pesos, por lo que queremos tener acceso tanto a los pagos que se efectuaron como a este propio contrato de la información reservada por este convenio”, indicó.
Dicha información refiere la legisladora, sobre el pago al despacho de Bernardo Canales, sobrino del subprocurador de la Fiscalía Anticorrupción, fue brindada por funcionarios de la administración estatal.
“Es la información extraoficial como ustedes saben hay diferentes funcionarios que están interesados en que se conozca todo esto ellos son los que nos han dicho de toda esta información relacionada para no andar con especulaciones por eso venimos a solicitar estos contratos”.
Además de dicho contrato Treviño solicitó una copia certificada de la lista de proveedores que tengan el mismo domicilio fiscal que la comercializadora Mirof, S.A de C.V., en la colonia Moderna, esto ya que ha sido vinculada con proveedores que siguen prestando sus servicios.
“Todas estas empresas que están en este domicilio que es en la colonia moderna donde esta comercializadora Mirof, pero para no andar con que nos den información simple, lo que queremos es una información certificada de todos estos domicilios”.
Cabe mencionar que esta empresa fue sancionada por la compra de los 200 mil cobertores para diversas zonas del estado, adquiridos con sobre costo al erario público.
Luego de la entrega de ambas solicitudes, las dependencias tendrán cerca de 10 días para dar una respuesta.