Monterrey.- Nuevo León se ha quedado rezagado en la homologación de Ley de Responsabilidades Administrativas y en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, que rigen a nivel federal desde 2016.
La primera, mejor conocida como Ley 3de3, establece las obligaciones de los servidores públicos, identifica los hechos de corrupción, establece las sanciones y los protocolos de actuación ante actos de corrupción; en la segunda, la Auditoría Superior debe revisar las situaciones irregulares del gasto público, sin la autorización del Congreso.
Para los miembros de la Coalición Anticorrupción, sin estos ‘dientes’, el SEA no está completo y podría politizarse la acción de la justicia contra los servidores públicos.
“La ley actual deja a interpretación del auditor a ciertas cosas y queremos que no haya interpretación posible. Estamos hablando de una obligación del auditor para que actué en ciertos casos de inmediato y que no tenga que estar esperando la autorización del Congreso”, explicó Sandrine Molinard, representante del Consejo Cívico.
“Estamos muy tardíos, cuando la auditoría es un elemento vivo, que debe estar en tiempo real fiscalizando y tomando las acciones que procedan, ya sin pasar el procedimiento burocrático. Esto va a expeditar cualquier combate al delito y que no se espere un tiempo a una conveniencia política”, consideró Jesús López de la Cámara de la Industria de la Transformación.
Este miércoles, la Coalición presentó ambas iniciativas de homologación, para que el Congreso actualice estas leyes que quedaron pendientes en la legislatura pasada.
Arturo B. De la Garza, diputado presidente de la Comisión Anticorrupción del Congreso, se comprometió a poner a discusión este tema lo más pronto posible, antes incluso, del paquete presupuestal.
“Con mucha honra, a través de la Comisión Anticorrupción, vamos a trabajar siempre de la mano con la Coalición, que es representada por ciudadanos, a través de organizaciones que si gobiernan. A esto le vamos a dar prioridad para que salga lo más pronto posible”, dijo.
La bancada de Movimiento Ciudadano se unió a la promoción de esta reforma, a través de la diputada Mariela Saldívar, quien advirtió un intento de fast track en el Congreso, para elegir un contralor antes de que esté homologada la Ley.
“Estamos en incumplimiento desde el 19 de julio de 2017. Nosotros debimos de haber actualizado nuestra Ley de Responsabilidades Administrativas a la federal. No se ha hecho, ¿por qué no se hace? Entre las cosas que la Ley Federal marca, está el homologar los criterios para establecer los órganos de control interno, las contralorías”, dijo.