Monterrey.- El abogado Gonzalo Mani de Ita, advirtió del peligro que representa la reforma fiscal que promueve la Procuraduría de Defensa del Contribuyente (Prodecon) para el 2019.
Con el objetivo de frenar la evasión de impuestos, dicha procuraduría propuso modificar el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación. Pero los fiscalistas temen que se ponga en peligro a las PyMes.
“El objetivo es enfrentar y detener este tipo de prácticas evasivas que ocasionan un daño a las finanzas públicas y perjudican a contribuyentes que sí se portan bien.
“No hay que perder de vista el objetivo primordial que se enfoca en grupo localizado de personas que, cometiendo actos ilícitos, creaban un perjuicio para el fisco federal. Con esta propuesta se sigue persiguiendo este objetivo o se lleva de encuentro a otros contribuyentes”, explicó.
Esto durante una conferencia magistral de la Barra Mexicana de Abogados Capítulo Nuevo León, la Academia de Derecho Fiscal de Nuevo León y la Firma Penal Fiscal, en el hotel Camino Real de Valle Oriente.
Según Mani de Ita, la nueva reforma debe respetar la exposición de motivos propuesta por el ejecutivo en el 2014, en donde el artículo 69 se centraba en las operaciones inexistentes.
“Jurídicamente es una consecuencia que la ley o el juez deduce de hechos conocidos, muchos de ellos negativos. Hay una falta de infraestructura, hay una ausencia de personal, ausencia de domicilio, una sobre facturación. Es muy importante recordar qué fue lo que nutrió esta decisión del legislativo de tomar la propuesta para hacer esta reforma”, comentó.
Para el experto la práctica más común es el tráfico de comprobantes fiscales en donde se colocan en el mercado comprobantes auténticos que no son proporcionales a los ingresos.
“Esta propuesta no está enderezada contra los contribuyentes honestos y cumplidos. Estamos en presencia de una práctica defraudadora y carente de la más elemental ética ciudadana”, dijo.
Gonzalo citó una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dicta: “Que la atención debe darse a los contribuyentes que realizan fraude… (y) evitar un daño a la colectividad, garantizando su derecho a estar informada sobre la situación fiscal de los contribuyentes que realizan este tipo de operaciones”.