Monterrey.- Al igual que lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas, lo que pasa en el Poder Judicial se queda en el Poder Judicial.
Durante la sesión del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del pasado 29 de enero, se registró una acalorada discusión entre magistrados por la designación de nuevos miembros del Consejo de la Judicatura.
El magistrado Carlos Emilio Arenas Bátiz se manifestó contra de la designación de los jueces José Antonio Gutiérrez Flores y Pedro Cisneros Santillán como miembros del Consejo de la Judicatura, argumentando que la Constitución del Estado contempla un proceso democrático y no de designación directa.
En el acta (de la cual ABC tiene copia) quedó asentado que Arenas amagó con hacer público este procedimiento para evidenciar las prácticas irregulares del Consejo de la Judicatura, máximo órgano del Poder Judicial.
“(Arenas Bátiz) reitera que no está de acuerdo con el procedimiento que se está siguiendo y que formulará su voto particular por escrito con copia para la Secretaría General de Acuerdos, al cual le dará difusión pública”, explica el acta.
Esto provocó que el magistrado Jorge Luis Mancillas Ramírez se encolerizara y le recordó que "existe un acuerdo de este Pleno del Tribunal Superior de Justicia en el que se estableció que, antes de hacer pública alguna opinión o postura personal relacionada con la actividad propia de la institución, ésta debe ser presentada a la presidencia.
“En su administración tuvo el apoyo de los magistrados integrantes del Pleno para sacar adelante temas que fueron objeto de debate público en contra del Poder Judicial y otros tantos en los que tenía fricción con el Consejo de la Judicatura”, le dijo Mancillas a Bátiz.
Para el actual presidente del Poder Judicial, Francisco Javier Mendoza Torres, este acuerdo no es una "mordaza", sino sólo una forma de respetar los canales oficiales de comunicación.
“Todos lo propusieron porque de repente veíamos algunas notas citando algunos temas que nosotros desconocíamos. Venían respaldadas por una fuente anónima", comentó Mendoza Torres.
Respecto al pacto que señala Mancillas, éste data de 2011, cuando él era el presidente del Poder Judicial.
Aquella ocasión se aprobó “que los magistrados y jueces del Poder Judicial del Estado, antes de emitir una opinión o postura personal en mesas de trabajo o ante los medios de difusión... la presenten previamente al presidente”, dicta el acta.
A diferencia del Poder Ejecutivo (Gobierno del Estado) y el Poder Legislativo (Congreso local), el Poder Judicial suele manejar sus decisiones de manera discrecional si se le compara con los otros dos poderes.