Monterrey.- Mientras a nivel federal el Congreso detuvo la elección de un “fiscal carnal” al impedir que Raúl Cervantes, impulsado por el presidente Enrique Peña Nieto, llegara al puesto, en Nuevo León el Congreso eligió a cuatro candidatos que activistas y Ejecutivo consideran están “a modo” para el PRI y el PAN.
Tanta es la inconformidad que hoy a las 10:00 horas el grupo Plan Nuevo León convocó a una protesta ciudadana en el Congreso.
Por su parte, la Coalición Anticorrupción, conformada por universidades e instituciones privadas, demandó a los legisladores que garanticen que los fiscales defenderán los intereses de la sociedad.
El mismo gobernador Manuel González aceptó que fue “un error” dejarles a los diputados, es decir, a la mayoría que ostentan el PRI y el PAN, la selección del Fiscal General, así como el de Delitos Electorales y el Anticorrupción.
El Fiscal General investigará los actos de corrupción durante los próximos seis años.
El Congreso eligió a Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez, José Guadalupe Saldaña, Pedro Arce Jardón y Javier Garza y Garza, todos ellos relacionados con los gobiernos priistas de los exgobernadores Rodrigo Medina y Natividad González Parás.
El nombramiento se oficializará este viernes, según la agenda del Congreso.
Las voces que se oponen a que de estos cuatro seleccionados se designe al nuevo Fiscal General son variadas y en el caso de los activistas del Plan Nuevo León, Eduardo Lozano, Pepe Múzquiz, Alberto Adame, Mauricio Castillo y Daniel Hinojosa, incluso convocaron a los ciudadanos a presentar su inconformidad hoy en la entrada del Congreso del Estado a las 10:00 horas.
Al respecto, el Gobernador, quien tiene la facultad de vetar a uno de los cuatro candidatos, señaló que quizá no lo ejerza para no volverse “cómplice” de los intereses de los partidos mayoritarios.
“Era un error dejarles la decisión a los partidos políticos (de elegir a los fiscales), jamás iban a pensar en la ciudadanía, pensaban en sus intereses. Les dije a las organizaciones que era un error confiar en ellos porque iban a defender los intereses de sus partidos y lo hicieron.
“A lo mejor no me convierto en cómplice del proceso. No voy a ser cómplice de intereses partidarios, nosotros estamos en favor de la ciudadanía y no de los partidos políticos, PRI y PAN”, dijo el mandatario.
Ninguna autoridad tiene la facultad para impugnar el resultado, ya que el Congreso es una entidad autónoma, explicó González.
Por su parte, el actual procurador, Bernardo González, dijo que como funcionario aceptó la decisión que tomó el Congreso aunque a título personal manifestó su desacuerdo.
“Seré muy respetuoso de las decisiones que se puedan tomar, estoy hablando como actual Procurador, pero como Bernardo González no estoy de acuerdo”, comentó.