Monterrey.- Porque el transcurso de una campaña electoral no debe frenar la tarea de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado personal de la dependencia recibió una capacitación sobre los delitos electorales y sus consecuencias por parte de la FEPADE.
Agentes de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales expusieron durante dos horas las prohibiciones que tienen como servidores públicos al momento de realizar sus funciones diarias, así mismo aclararon las dudas de las 108 personas que acudieron al evento.
La capacitación de este miércoles fue gestionada por la Contraloría Estatal, que encabeza Nora Elia Cantú, y forma parte también del convenio de “Blindaje Electoral” signado el pasado 28 de febrero entre la Secretaría de Desarrollo Social, el Gobierno del Estado y la Comisión Estatal Electoral.
Por su parte el Secretario de Desarrollo Social, Eugenio Montiel Amoroso, dijo que no tolerarán ni solaparán la comisión de delitos electorales pero tampoco amedrentarán a su personal, pues es importante que no se frene el desarrollo social en el estado, pero siempre dentro del marco de la ley.
“Tenemos que dar un mensaje claro a la ciudadanía de Nuevo León, que aún y cuando el gobernador con licencia es candidato a la Presidencia de la República, pues el gobierno de Nuevo León está al margen y enviar un mensaje de legalidad”, dijo.
“No vamos a solapar ninguna situación, pero también como lo dijimos claramente no se trata de intimidar al personal porque no se puede paralizar el desarrollo social, tenemos muchas acciones que tenemos que hacer pero lo que se vale es estar informados y perfectamente claros qué es lo que sí y lo que no se puede hacer”, subrayó.
Según la Ley General en Materia de Delitos Electorales los funcionarios no pueden obligar mediante coacción o amenazas, a sus subordinados para que voten o apoyen a un determinado candidato, así tampoco se puede condicionar la entrega de apoyos a ciudadanos a cambio de votos.
La misma legislación contempla sanciones que van desde los 6 meses y hasta los 9 años de prisión, para este tipo de delitos, así como sanciones económicas.