Monterrey.- El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó por la vía rápida y por unanimidad (370 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones) la eliminación del fuero constitucional para todos los servidores públicos, legisladores y el Presidente de la República.
Diputados de distintas bancadas celebraron este avance. Previo al inicio de la sesión.
Por la mañana, la Comisión de Puntos Constitucionales avaló el dictamen por unanimidad, luego de analizar 33 iniciativas presentadas por todos los partidos políticos.
Los diputados integrantes destacaron que el mérito no debe ser de ningún organismo político, sino de la sociedad.
A pesar de eso, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Marko Cortés Mendoza, destacó que fue su candidato presidencial, Ricardo Anaya, quien presentó la propuesta a nombre de Acción Nacional.
“Todos los mexicanos sean o no servidores públicos podrán estar en un proceso del cual se les acuse, obviamente bajo el supuesto y principio de que todos somos inocentes hasta que se nos compruebe lo contrario”, puntualizó.
Francisco Martínez Neri, coordinador del grupo parlamentario del PRD, expresó el respaldo al dictamen que representa la igualdad para todos ante la ley, “para que nunca más ningún servidor se escude con el fuero”.
El proyecto de reformas y adiciones a ocho artículos de la Constitución Política fue turnado ayer mismo al Senado de la República para su ratificación y, en su caso, deberá ser también aprobado por al menos 17 de las 32 Legislaturas locales.
La enmienda constitucional cancela la inmunidad procesal del Presidente de la República, así como de secretarios de Estado, gobernadores, diputados y senadores, ministros y magistrados, legisladores locales, alcaldes, regidores y concejales.
Los altos funcionarios de los tres órdenes de gobierno podrían ser procesados penalmente bajo los principios, derechos y garantías procesales previstos por la propia Constitución Política para cualquier mexicano.
El proyecto mantiene la inviolabilidad de las opiniones de los legisladores y adiciona al artículo 17 constitucional el impedimento para castigar con prisión las conductas que atenten contra el honor de las personas, como la difamación, la calumnia y la injuria.