Monterrey.- El Congreso del Estado busca obligar a los servidores públicos, a acatar las recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Esto después de que la presidenta del organismo, Sofía Velasco, informara que, durante 2017, sólo dos casos han sido debidamente atendidos por las autoridades.
Ya que las recomendaciones no son vinculatorias, el coordinador de Nueva Alianza, Rubén González Cabrieles, consideró que se puede hacer presión a los funcionarios, si se les llama a comparecer ante el Legislativo.
“Preocupa el incumplimiento de la mayoría de las recomendaciones de la comisión, lo que prácticamente se traduce en una negativa de acatarlas. Dicha conducta no se puede permitir, ya que la dilación deteriora los derechos humanos de las víctimas”, dijo en el Pleno.
Para que estas resoluciones dejen de ser “llamado a misa”, Cabrieles propuso homologar la Constitución Local con la Carta Magna, que da la facultad a la comisión de pedir la comparecencia de funcionarios incumplidos.
El artículo 102 federal dicta: “Todo servidor público está obligado a responder las recomendaciones que le presente la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Cuando las recomendaciones no sean aceptadas o cumplidas por las autoridades o servidores públicos, estos deberán fundar y motivar su negativa”.
Si se agregara este párrafo a la Ley en Nuevo León, la titular de la CEDHNL podría pedir a los diputados que llamen a cualquier funcionario a rendir cuentas.
De las 34 recomendaciones emitidas en 2017, la mayoría, según el último informe, corresponden a abusos policiales de nivel municipal y estatal.