Monterrey.- La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales indica, en su artículo 210, que toda la propaganda política de la contienda federal “deberá retirarse durante los siete días posteriores a la conclusión de la jornada electoral”.
Bajo estos criterios, los partidos tendrían que haber retirado ya su propaganda federal, correspondiente a senadurías, diputaciones federales y Presidencia de la República.
Además, tienen dos semanas más, hasta el 30 de julio, para retirar la local, relativa a diputados locales y alcaldes, como lo establece el artículo 169 de la Ley Electoral estatal.
Esta legislación establece que “todos los partidos u organizaciones políticas tienen la obligación de retirar su propaganda electoral de los lugares públicos dentro de un plazo de 30 días después de celebradas las elecciones”.
La exconsejera del Instituto Nacional Electoral, Lourdes López, reconoció que antes no había regulación sobre la propaganda, aunque lamentó que no haya forma de verificar que los partidos cumplan la ley.
“Tampoco existen muchos mecanismos de verificación para tener certeza de que ya toda la propaganda haya sido retirada según los siete días que establece la ley federal. Difícilmente en ese lapso empezará la autoridad a monitorear si se hizo o no”, explicó.
Si los partidos no retiran su publicidad, lo harán los institutos electorales, con cargo a las prerrogativas de los mismos partidos.
Para el consejero presidente de la Comisión Estatal Electoral, Mario Garza, la propaganda en la vía pública ya no altera el resultado de las elecciones.
“Estamos haciendo un llamado a que lo más pronto posible se retire. Sin embargo, ya se acabó la contienda, no es una cuestión que esté ahí infiriendo de manera negativa en una situación de inequidad o algo”, dijo.
López comentó que la variación entre las fechas de la propaganda local y federal no es por un criterio político, sino fruto de acuerdos entre los mismos partidos al interior del Congreso local.
“Son los acuerdos que hacen a la hora de pactar los términos de una ley, evalúan sus condiciones. Podemos suponer que a nivel local se disponen de menos recursos, aunque sabemos que son las mismas estructuras partidistas”, opinó.