Va NL por más y mejores policías

Especialistas estiman que la clave es tener más y mejor personal; otros señalan que la prevención es el camino a seguir en el Estado.

Monterrey.-  Los 276 millones de pesos que recibirá el Estado provenientes del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública podrán ser invertido en capacitación de elementos de seguridad y tecnología, indicó Nicole Saviñon, secretaria ejecutiva del Sistema Integral de Seguridad en la entidad.

Para este año, Nuevo León recibirá un 3 por ciento más del presupuesto que obtuvo el pasado periodo, esto a pesar de la clasificación que el secretario de Seguridad, Aldo Fasci, otorgó al 2018 como  “uno de los más violentos en los últimos cinco años”. 

Para la secretaria Ejecutiva del sistema Integral de Seguridad Pública, este aumento es significativo, ya que otros estados del país no recibirán apoyos del Fondo para Seguridad.

“El recurso se invierte en varias áreas que el gobierno federal estipula, tecnología y capacitación de elementos son unos de estos puntos”, dijo Saviñon.

“Tendremos un 3 por ciento más, claro que es importante, hay Estados que no recibieron apoyos”, agregó la funcionaria. 

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Pese a que la autoridad federal es quien aprueba los proyectos presentados por cada gobierno estatal para la inversión de los recursos del Fondo de Aportaciones de Seguridad Pública, organizaciones civiles piden destinar una parte a la capacitación de los policías.

Lo anterior es avalado por los integrantes de la Mesa Metrópoli Monterrey.

“La finalidad es que los Estados puedan contar con personal capacitado en varios componentes, así como equipo y tecnología”, expresó Mayra Hernández, secretaria técnica del organismo.

Será hasta el mes de febrero cuando los representantes estatales presenten ante la Federación los proyectos en los que se podrán invertir este año.

El pasado 2018 el Fondo de Aportaciones de Seguridad Pública permitió la compra de ipads para ayudar a los elementos de Seguridad Pública en el llenado del reporte policial homologado. 

Además, la compra de un avión no tripulado que contribuye al patrullaje en zonas vulnerables o en hechos delictivos como persecuciones o riñas en los centros penitenciarios.