Monterrey.- El Tribunal de Justicia Administrativa de Nuevo León otorgó una suspensión en contra del procedimiento de sanción instaurado por el Congreso local hacia el Secretario General de Gobierno, Manuel González, y el gobernador Jaime Rodríguez por el caso del desvío de recursos humanos que se dio a través de empleados de gobierno que apoyaron a los funcionarios para obtener firmas de apoyo en el proceso electoral del 2018.
González aseguró que este 25 de noviembre se dio una resolución del expediente 1580/2019 en la Segunda Sala Ordinaria, con la que se admite el juicio contencioso administrativo en contra del Congreso Local, así como de la Comisión Anticorrupción del mismo.
El Secretario General de Gobierno señaló que en la resolución se menciona que es ilegal que el Congreso local sea el órgano administrativo sancionador por el caso de las “broncofirmas”.
“Con esta medida, los servidores públicos del Poder Ejecutivo ya cuentan con tres suspensiones diferentes: dos otorgadas por la Suprema Corte de Justicia y ahora una adicional por parte del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nuevo León, imposibilitando en su conjunto que el Congreso ejecute medidas provisionales, sanciones o dictámenes en su contra hasta en tanto no se resuelva el asunto de fondo y el mismo cause estado”, aseguró el funcionario por medio de un comunicado.
El Congreso local tendrá 30 días hábiles para emitir su respuesta, a partir del día siguiente de que sean notificados.
