Monterrey.- Los funcionarios públicos que han ocasionado a la crisis de transporte deben ser sancionados, así lo sostuvo Consejo Cívico Nuevo León.
Esta organización emitió un comunicado en el que mostró su descontento por lo que calificaron como inacción de parte del gobierno estatal, que desembocó en alza en tarifas suburbanas y cancelación de rutas.
“Ante este escenario de crisis, que resta competitividad y calidad de vida en nuestro estado, los funcionarios públicos quienes por su inacción, han provocado que se llegue a estos extremos, deben de ser investigados y sancionados acorde con la Ley General de Responsabilidades Administrativas vigente a nivel nacional”, apuntaron.
Si bien no mencionaron a ningún servidor público de la administración de Jaime Rodríguez Calderón, partidos políticos, diputados y activistas han solicitado que la Agencia Estatal del Transporte tenga un nuevo dirigente.
Además, la asociación señaló que el Consejo Estatal de Transporte no se ha apegado a las reglas, no posee un presidente ciudadano y no se reúne con regularidad, por lo que condenó las actividades del mismo.
“Este órgano no ha sesionado más de una vez en pleno. Esto es el botón de muestra de la falta de disposición a fomentar un ambiente de diálogo entre actores involucrados, sobre los retos de todo el sistema de movilidad en nuestra área metropolitana”, aseveraron.
Cabe mencionar que la próxima sesión está programada para el miércoles 3 de abril, donde, de acuerdo con el gobernador del Estado, se determinarán acciones futuras, aunque defendió las peticiones de los concesionarios.
"Tengo que hacer conciencia con el usuario, que no sea injusto con el empresario, que está hoy sufriendo una condición económica fuerte. No por culpa de nosotros. El tema de las gasolinas nos afectó a todos y mantuvieron los empresarios del transporte tres años la tarifa, y además la redujeron un tiempo”, opinó Rodríguez Calderón.