Monterrey.- Al considerar que la penalización del aborto violenta el derecho humano de las mujeres, los diputados que votaron en contra del dictamen buscarán dar marcha atrás a la reforma aprobada el día de ayer.
Tras la aprobación del artículo 1 de la Constitución del Estado, en donde las mujeres que aborten podrían ser enviadas a prisión, Luis Donaldo Colosio, quién votó en contra del dictamen, mostró su descontento.
El legislador advirtió que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) podría revertir la reforma que se aprobó en su mayoría por el PAN y PRI.
“Se podrá revocar y declarar la reforma inconstitucional y por ende dejarla sin efectos. Es muy probable que esto se revierta por mandato de la Suprema Corte de Justicia”, advirtió Colosio.
Además aseguró que esta decisión da materia para una acción de inconstitucionalidad a la reforma recién aprobada.
“Esta decisión que se aprueba el día de hoy, da materia para una acción de inconstitucionalidad, sabemos que la Comisión Estatal está preparando una acción al respecto, creemos que la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos lo hará.
“En ese mismo sentido, y por tratarse del caso que se trata, muy seguramente la Suprema Corte de Justicia va ejercer su facultad de atracción para resolver el tema”, dijo Colosio.
Acompañando a Colosio estuvieron los diputados, Mariela Saldívar, de Movimiento Ciudadano; María Dolores Leal, de Nueva Alianza; Claudia Tapia, Ramiro González, Luis Armando Torres y Arturo de la Garza, de Morena; y del Partido Verde, Ivonne Bustos.
En entrevista por separado, Vanessa Jiménez integrante del Frente Feminista, advirtió que harán lo mismo y que acudirán a la Suprema Corte para darle marcha atrás a la nueva reforma.
“Ahorita lo que sigue es buscar recurso de inconstitucionalidad, porque en la primera vuelta del 2014, ellos habían metido que se protegiera la vida desde la concepción hasta lo muerte natural.
“Este dictamen lo cambiaron desde la fecundación hasta la muerte natural. Buscaremos recurrir a la Suprema Corte de Justicia”, dijo Jiménez.
De enviar la controversia y promover amparos a instancias federales como la SCJN podría repetirse el escenario que ocurrió con los matrimonios igualitarios, por lo que no sería la primera vez que se le ordene al Congreso ejercer alguna acción.