Monterrey.- El Congreso buscará realizar modificaciones a la Ley de Víctimas y a la Ley que Regula el Procedimiento de Emisión de la Declaratoria de Ausencia por Desaparición en Nuevo León, ante el problema que existe en el tema de las desapariciones forzadas en el estado.
Desde el año 2006 y hasta 2018 han desaparecido 2 mil 919 personas, de acuerdo a cifras de la organización de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC).
Luis Donaldo Colosio, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, convocó a mesas de trabajo para robustecer las facultades para la mejora de atención a las víctimas en el tema.
“Tuvimos el gusto de contar con mucha participación en esta mesa, hubo muchas opiniones incluso encontradas, porque sabemos que es un tema que nos duele mucho en el estado", subrayó Colosio Riojas.
"A pesar de que tenemos una regulación que lo contempla siempre se puede mejorar, no lo digo yo, lo dice la propia gente de la sociedad civil que se dedica a eso”, expresó el diputado.
Detalló que pretende armonizar el marco local y federal para dar mayor protección a los familiares de las víctimas de desaparición.
A esta mesa de Trabajo acudieron Manuel González Flores, Secretario General de Gobierno; Aldo Fasci Zuazua, secretario de Seguridad Pública de Nuevo León y Consuelo Morales, directora de CADHAC, por mencionar algunos.
Consuelo Morales, pidió agilizar los procedimientos para la búsqueda de personas desaparecidas y eliminar requisitos fuera de contexto, como la presencia de las víctimas.
“Es un problema vigente. Mientras no sepamos qué pasó con nuestros familiares, la herida está abierta. Esta es una oportunidad para eliminar el burocratismo”, dijo Morales.
González expresó que el ejecutivo carece de facultades en materia de investigación, y su responsabilidad está enfocada a la prevención.
“Las políticas de prevención tienen que ver con programas sociales, los cuales deben contar con presupuesto, lo que implica redistribuir recursos o crear nuevos impuestos para sostenerlos”, comentó el funcionario.
Fasci , propuso establecer en la Ley la obligatoriedad de intercambio de información entre dependencias, con un enfoque victimológico y no criminológico.