Monterrey.- Los funcionarios que cometan actos de corrupción serán castigados con penas más severas, tras la aprobación por unanimidad del Congreso de la Ley de responsabilidades administrativas.
En ella se contemplan las figuras de la Inhabilitación definitiva o muerte civil para poder desempeñar empleos, cargos y comisiones en el servicio público, y para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras públicas en caso de que se compruebe la responsabilidad del infractor.
También será obligatorio la presentación del 3 de 3 para la declaración de situación patrimonial, de intereses y fiscal; persona física o moral comprendiendo a estas últimas a los socios, accionistas, propietarios y representantes legales de la misma, que sean contratados por cualquier ente público para dar algún servicio.
Además, se está establecerá un Sistema de Verificación aleatoria de las declaraciones patrimoniales de los declarantes, para vigilar a quienes tienen un enriquecimiento inexplicable por el desempeño de su cargo.
Nota en desarrollo…
