Monterrey.- De incompleta y excesiva fue como la Coalición Anticorrupción tachó la nueva Ley de Responsabilidades Administrativas, la cual aseguran podría incurrir en la ilegalidad al violar el derecho humano a la privacidad y la protección de los datos personales.
La ley aprobada por unanimidad el pasado miércoles 15 de mayo en el Congreso, obliga a particulares y empresas que presten servicios o vendan productos al gobierno a presentar su declaración 3 de 3 para revisar su crecimiento patrimonial y económico.
Sandrine Molinard, integrante de la Coalición, aseguró a ABC Noticias que la medida podría desincentivar a las empresas a concursar en las licitaciones.
“En 2016 se había incluido esto a nivel nacional en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y hubo tal oposición que el presidente, en ese entonces Enrique Peña Nieto, terminó vetando esa parte de la ley.
“Lo que nos llama mucho la atención es que a nivel nacional quien se opuso a esto fue el PAN y a nivel local el que lo propuso fue el mismo PAN”.
La activista exhortó al gobernador Jaime Rodríguez a vetar esa parte de la ley, para evitar la vulneración de los derechos de los particulares.
Molinard condenó el que no se haya contemplado como obligatoria la presentación de la ley 3 de 3 a los candidatos a elecciones y que la Auditoría del Estado no tenga la facultad para atraer investigaciones donde se detecte el riesgo de cometer actos de corrupción.
Además, explicó que dejar fuera el concepto de “Experiencia Relativa”, el cuál obligaría a las empresas a acreditar su capacidad para prestar servicios a los entes públicos, dará espacio para la creación de empresas fantasma.
“No están cerrando todas las puertas, están dejando rendijas abiertas, pensamos que es una manera disfrazada de seguir permitiendo malas prácticas a nivel municipal y estatal.
“La ley no es innovadora y no aporta algo más en el combate a la corrupción”, indicó.