Monterrey.- De acuerdo a un análisis realizado del Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia (Casede), Nuevo León es el estado con menos condiciones para el ejercicio de la libertad de expresión, ante la inexistencia de un marco legal y jurídico en el tema.
El estado tuvo un puntaje de 4.1 en la escala del 1 al 10 al realizar la medición de la libertad de expresión en los estados de Coahuila, Chihuahua, Ciudad de México y Nuevo León, en los resultados del Índice Estatal de la Libertad de Expresión en México 2019.
Armando Rodríguez Luna, director de proyectos en el Casede, realizó un foro con activistas, periodistas, académicos, abogados y estudiantes.
Entre los participantes estuvieron la doctora Myrna García Barrera, Directora de Equidad de Género y Protección a Grupos Vulnerables del Poder Judicial de Nuevo León; Melva Frutos, periodista integrante de la Red de Periodistas del Noreste; Leonel Jasso, Asesor del Diputado Luis Donaldo Colosio Riojas; Rafael Limones, Coordinador de Supera Joven en Supera, A.C.
Coincidiendo todos en que el Gobierno, los funcionarios y las fuerzas de seguridad pública del Estado son quienes agreden más a los activistas y reporteros, negando información, minimizar o ridiculizar las preguntas del reportero e incluso hacer cuestionamientos intimidatorios.
Sin embargo, hasta el momento no existe una Ley en la entidad que los defienda y aunque el diputado Colosio presentó una iniciativa para ello, aún existen trabas que impiden que su legislación avance.
"Hemos cabildeado con el resto de los grupos legislativos, se intentó crear un organismo autónomo que se encargue de esta protección, pero las leyes no lo permitían es cuando volteamos a ver a la fiscalía que es autónoma, tratando de hace una fiscalía especializada, pero la principal barrera fue el dinero, que no había presupuesto", señaló Jasso.
Agregó que continuaran impulsando desde el Congreso esta Ley para que sea aprobada lo más pronto posible.
Rodríguez, director de Casede recomendó crear protocolos e impulsar esta delegación estatal de la Fiscalía Especializada en Delitos de la Libertad de Expresión.
Pero esto no sería suficiente, pues aún existe una lucha en contra de la burocracia de los trámites para acceder a la protección que deben ser agilizados, pues por ejemplo, el mismo día del hecho se debe acudir a la ciudad de México y que se comience a aplicar.
"El Estado de Nuevo León ha armonizado su Constitución con la federal, no andamos desencaminados. El problema es que el ejercicio de la libertad de expresión, la concentración de la propiedad de medios y el ecosistema mediático en el Estado de Nuevo León es atípico a lo que ocurre en otras partes del País", agregó Aurelio Collado, profesor del Departamento de Medios y Cultura Digital del Tec.
La evaluación total del estado de 4.1 en promedio de los puntajes obtenidos en otros cinco indicadores.
Se obtuvo una calificación de 1.2 en marco legal de la libertad de expresión, 6.3 en derecho de acceso a la información, 3.2 en pluralismo en los medios, 1.0 en independencia de los medios de comunicación y 9.0 en seguridad de las personas que ejercen el periodismo o la defensa de los derechos humanos. Dichos resultados y las recomendaciones están disponibles en: www.casede.org.