Monterrey.- La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia para anular diversos artículos de la Ley de Responsabilidades Administrativas y revertir la obligatoriedad a particulares de presentar su declaración 3 de 3.
El oficio fue presentado por considerar que las normas vulneran los derechos humanos, como la protección de datos personales y la vida privada, al equiparar a los particulares con servidores del gobierno.
Además de que la constitución federal establece que las únicas personas obligadas a presentar la declaración patrimonial, fiscal y de intereses de forma obligatoria, son los servidores públicos.
El organismo indicó que otro artículo que no va acorde a la constitución, es el que plantea inhabilitar de forma definitiva a personas para ocupar cargos públicos y participar en actividades económicas del gobierno, una medida que la comisión calificó como, excesiva.
La CEDH señaló que la demanda permitirá dar certeza a las acciones que se realizan para combatir la corrupción y será trabajo de la Suprema Corte encargarse de evaluar si el texto se apega a la ley.
El Instituto Nacional de Transparencia anunció ayer que interpondrá una de estas acciones ante la misma legislación que fue publicada el 7 de junio, por encontrar varios elementos que vulneran los mismos derechos tutelados por el instituto.