Monterrey.- El Gobierno del Estado y el Tribunal de Justicia Administrativo firmaron un convenio para la provisión de defensores públicos a presuntos responsables dentro de procedimientos de responsabilidad administrativa.
"Creo que va a continuar agilizando las posibilidades de accionar en el gobierno, tanto del Gobierno con la ciudadanía, como de la ciudadanía con el Gobierno. Nosotros dentro del gobierno tenemos una ‘autopista’ y una de esas carreteras es la que da la cara al público", comentó Manuel González, Secretario General de Gobierno.
Con esto se busca otorgar la defensoría pública adecuada que no solo legitime la estancia jurisdiccional, también se traduzca en tutela judicial efectiva de los derechos fundamentales en las personas que enfrentan un proceso de responsabilidad administrativa.
"Esta nueva relación que habrá entre la Defensoría de Oficio y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo está dentro de ese rubro, de esa carretera que le da la cara al público y que ayuda al ciudadano en su tramitología", aseguró González.
A través de una reunión virtual, donde se firmó el convenio de colaboración interinstitucional, participó el Director General del Instituto de la Defensoría de Oficio, Santiago Piccone.
Como también el Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa, José Manuel Guajardo; y Mario Treviño, Magistrado en la Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa.
Ambas partes deberán de establecer bases y mecanismos operativos para la coordinación interinstitucional en la ejecución de programas, estrategias y actividades en materia de defensoría pública, tutela jurisdiccional efectiva, investigación y difusión de la cultura anticorrupción desde el ámbito de su competencia.