Monterrey.- A través de un estudio, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) revisará la implementación de los Sistemas Estatales Anticorrupción (SEA). A tres años de la instalación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), pues describen “El avance ha sido lento y ha enfrentado desdén y resistencias de las fuerzas políticas locales”.
“La situación de Nuevo León es particularmente preocupante, ya que la entidad no ha hecho las modificaciones a la ley de fiscalización superior del estado. La entidad instaló su Comité de Participación Ciudadana (CPC) en 2018 y desde entonces no ha hecho más nombramientos para integrar este comité. Actualmente, están en funciones tres de cinco integrantes. El estado no establece experiencia en temas de combate a la corrupción como un requisito de elegibilidad para formar parte del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA). La ley nacional exige 5 años de experiencia en estos temas para ser integrante del CPC o secretario técnico. Nuevo León que no precisa con claridad la imposibilidad de reelección de los integrantes del CPC”.
Ricardo Alvarado, investigador de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad alertó: “La Comisión de Selección de 20 (Aguascalientes, Baja California Sur, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Tabasco, Tamaulipas, Yucatán, Zacatecas) de las 31 entidades concluye sus actividades en 2020. Es crucial que este año, los congresos estatales comiencen un proceso para renovar esta Comisión y no interrumpir la designación de integrantes de los Comités de Participación Ciudadana (CPC) estatales. Si no se concreta este cambio, de facto se estaría dejando morir de a poco al SNA.”
El Sistema Nacional Anticorrupción coordina los esfuerzos públicos de combate a la corrupción, con la participación de la ciudadanía. Este sistema debe ser replicado en cada entidad federativa para contar con un mismo frente en el que estén las autoridades de los tres niveles y de todos los poderes. Estos son los principales hallazgos del estudio:
Se han sido instalados 30 de 32 Sistemas Estatales. Está pendiente Chiapas y el Congreso de la Ciudad de México tuvo que publicar una nueva Ley de su sistema anticorrupción, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó la ley anterior.
-Nueve entidades no cuentan con los cinco integrantes del CPC local. Además de Chiapas y la Ciudad de México (que aún no han sido instalados) están Baja California, Baja California Sur, Colima, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca y Zacatecas.
-Además de la Ciudad de México y Chiapas, otras tres entidades no han nombrado al titular de la secretaría ejecutiva, el brazo operativo del sistema local anticorrupción: Coahuila, Morelos y San Luis Potosí.
-Cinco estados no han nombrado una persona al frente de la Fiscalía Especializada en Hechos de Corrupción: Baja California, Baja California Sur, Ciudad de México, San Luis Potosí y Veracruz.
-Siete entidades hicieron este nombramiento vía una designación directa, del gobernador o del fiscal general. Once entidades prevén la designación mediante la ratificación de los diputados locales. Finalmente, nueve entidades utilizaron el mecanismo de convocatoria desde el Congreso estatal.