Monterrey.- La Fiscalía General de Justicia del Estado ha gastado 16 millones 228 mil pesos durante el periodo de la contingencia sanitaria, más que algunos municipios del área metropolitana.
En su rendición de cuentas ante la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información, se reportan 64 compras entre las que destacan insumos para prevenir contagios de COVID-19 y gastos en infraestructura del Servicio Médico Forense (Semefo).
Los gastos que hasta ahora reporta la Fiscalía del Estado superarán, por ejemplo, en un 800 por ciento lo que ha gastado San Pedro (2 millones 038 pesos) y en un 300 por ciento de lo que ha gastado Escobedo (5 millones 620 mil pesos) durante la pandemia.
"Hay que recordar que la Fiscalía brinda servicio a todo el Estado y eso eleva los gastos. Somos una institución de más de 3 mil 500 personas que continúan laborando y que deben de seguir las normas de limpieza y saneamientos de sus espacios.
"No creemos que sea alto el monto, se ha utilizado el gasto existente, con cuidado. Además, hemos ahorrado en otros (rubros) como eventos, audiencias, entonces se compensa”, señaló Mauro Zacarías, Secretario Ejecutivo de Comunicación y Vinculación Social de la Fiscalía.
El organismo se abasteció de 200 mil cubrebocas, 130 mil guantes de látex y nitrilo, además de mil 200 caretas, 150 lentes de seguridad y mil 350 galones gel antibacterial. También se sanitizaron lugares de trabajo, los vehículos oficiales y las celdas de la Agencia Estatal de Investigaciones.
Ante la incidencia de muertes por este virus, la Fiscalía se previno y construyó un área de resguardo de cadáveres en la antigua Casa del Arraigo de Escobedo, para no saturar el Semefo del Hospital Universitario.
"Afortunadamente no ha sido necesario utilizar este nuevo espacio”, puntualizó.
Dentro de sus gastos durante la contingencia sanitaria también se reporta una campaña de comunicación y dos contratos con televisoras para emitir comerciales de prevención de violencia familiar, por un monto de 2 millones 060 mil pesos.
En el reporte también se indica que se adquirieron pruebas para detectar COVID-19 y ser aplicadas al personal operativo que presente síntomas de esta enfermedad.
Las compras se han ejercido de forma directa con recursos estatales desde el 1 de marzo al 30 de abril.