Monterrey.- El Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Nuevo León (SEANL), aprobó el Mecanismo de Orientación a la Ciudadanía sobre la presentación de quejas y denuncias, por faltas administrativas y hechos de corrupción por parte de servidores públicos.
Esto, para que los ciudadanos cuenten con una instancia de apoyo, que oriente de manera oportuna sobre quejas y denuncias de posibles actos de corrupción.
“Creo yo que este proyecto trae cosas muy interesantes para que el Sistema aboque y oriente a la ciudadanía a donde dirigir cada una de las denuncias por actos de corrupción.
“Para tal efecto la gente, muchas veces, no sabe a dónde van dirigidos. Creo yo que la labor del proyecto es muy interesante.” Señaló Alejandro Garza y Garza, Fiscal Anticorrupción de Nuevo León durante el análisis de la propuesta.
A través de este mecanismo, la Secretaría Ejecutiva del SEANL brindará orientación para la debida presentación de quejas que se contemplen realizar ante las autoridades correspondientes, por posibles conductas que vulneren los principios y valores del servicio público.
Así como acciones por la presunta comisión de faltas administrativas, susceptibles de ser investigados y sancionados administrativa o penalmente.
“En virtud de que existe una ley desde el 2013 que prevé el procedimiento para la denuncia ciudadana ante la Contraloría, quisimos darle esta connotación de la queja y presentar un procedimiento que no tuviera conflicto con la ley en vigor, pero sí que atendiera esta atribución que tenemos en el Comité de Participación Ciudadana al amparo del artículo 27 de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción.” Precisó Juan Carlos Gastelum, presidente del Comité de Participación Ciudadana y del Comité Coordinador del SEANL.
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Este mecanismo establece que el denunciante que pida asesoría ante la Secretaría Ejecutiva será atendido por un servidor público del organismo, quien lo orientará de forma sencilla y de manera verbal sobre la naturaleza y finalidad de la presentación de la queja.
De la misma forma, menciona que la orientación no puede ser considerada cómo el inicio de una investigación o procedimiento de responsabilidad administrativa o hecho de corrupción.
Además, establece que la orientación que se brinde no podrá ser invocada, leída, ni incorporada como prueba, o antecedente alguna relacionado con la proposición, discusión, aceptación o rechazo procedencia o revocación al procedimiento de responsabilidad administrativa y/o denuncia penal que se inicie.