Preocupa rezago en Conciliación y Arbitraje

Especialista en el ramo laboral señala que ante el cierre por covid, miles de casos siguen esperando un turno para poder llegar a un acuerdo.

Nuevo León.- Las principales consecuencias de mantener sin operar la Junta de Conciliación y Arbitraje, es el rezago de los miles de casos que esperan una solución, así lo aseguran abogados laborales.

Ante el cierre que actualmente tiene la Junta de Conciliación y Arbitraje del estado debido a la pandemia de covid, miles de casos siguen esperando un turno para poder llegar a un acuerdo entre patrones y empleados.

Leonel González, abogado especialista en el ramo laboral, señala que la impartición de justicia laboral es de suma importancia y el hecho de que el lugar donde se puede llegar a una conciliación entre patrón y empleado este cerrado, trae consigo algunas consecuencias.

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“Las consecuencias prácticamente son el rezago de todos los casos que se tienen actualmente en la Junta de Conciliación, los vigentes y los nuevos casos que están por venir, esas son las consecuencias.

“Desafortunadamente ahorita no hay una impartición de justicia como tal, una actividad esencial que es decretada, mediante acuerdo presidencial y las autoridades se han esforzado de cierta forma a contribuir a este tipo de impartición de justicia, mediante conciliaciones a distancia”, indicó González.

El especialista en derecho laboral señaló que la conciliación a distancia trae consigo la posibilidad de que se pueda llegar a un arreglo, sin embargo, en caso de que ambas partes no sean capaces de llegar a ello, se pasa a una instancia legal, la cual de momento esta pausada.

Indicó que también existe la contraparte con todos aquellos patrones que se encuentran impedidos para ejercer acciones precisas en caso de que el empleado no cumpla con su contrato de trabajo, por lo que también se encuentra detenida esa parte para ejercer acción legal.

Actualmente la Junta de Conciliación y Arbitraje se encuentra cerrada y podría abrir sus puertas hasta el próximo 3 de agosto, en caso de que las autoridades de salud en el estado den su aval.