Monterrey.- La Junta de Gobierno del Instituto de Movilidad y Accesibilidad de Nuevo León, autorizó este miércoles el proyecto para el arrendamiento de 800 unidades urbanas, para la reestructuración del transporte público de Nuevo León.
Luego de que, en las sesiones anteriores, los integrantes de la junta compuesta por representantes de universidades, cámaras, transportistas, ONG´s, expertos y el Congreso Local, habían declinado su votación ante la falta de información, durante la sesión de este miércoles finalmente se alcanzó un acuerdo para iniciar la reestructura del transporte.
Para lograr lo anterior, el Secretario de Movilidad, Hernán Villarreal, contestó durante casi una hora, las dudas y cuestionamientos acerca del proyecto.
Ahí explicó que el estado arrendará estas 800 unidades durante los próximos 6 años, para subsanar el 50% del déficit de camiones que existe en la entidad que es de mil 600, mientras que los transportistas modernizarán el resto de las poco más de 3,000 unidades de rutas urbanas.
Para ello se implementará un sistema de pagó por kilómetro recorrido, en donde el pago más alto será para las unidades de gas natural y eléctricas, mientras que los más bajos serán para las de diésel, lo que obligará a los transportistas a modernizar sus unidades.
En tanto que para el arrendamiento se tomó un costo mensual por unidad, de 88 mil pesos, y un pago en 2022 a los transportistas por el servicio, cercano a los 20 millones de pesos diarios.
Por el contrario, los ingresos se estiman en poco más de 20 millones de pesos diarios gracias a los más de 2 y medio millones de viajes de pasajeros al día, lo que asegura, según dijo, un superávit de $1, 600 millones de pesos al año.
“En la planeación aprovechamos lo que se tiene del (estudio) del PIMUS y veremos con lo que se implemente de ahí con la participación y la experiencia de los transportistas”, explicó Villarreal.
“Lo que yo les pediría es vamos a darnos este primer año para ver cómo podemos llegar a un escenario base con esta primera reestructura que nos exige la ley hacer y a partir de ahí sentarnos y ver cómo estamos, hacia dónde vamos”.
Cabe destacar que la tarifa base que se tomó en cuenta para el cálculo es de 10 pesos en promedio por pasajero, y se confirmó la desaparición del pago en efectivo.