Monterrey.- El diputado local de Morena, Waldo Fernández, descartó que una norma federal obligue a un replaqueo con costo al usuario, como aseguró este fin de semana el gobernador de Nuevo León, Samuel García.
El legislador local, quien se ha mostrado en contra del posible cambio de placas con fines recaudatorios en la entidad, criticó que el mandatario estatal quiera responsabilizar al gobierno federal sobre un posible replaqueo.
Señaló que, si bien es cierto que es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes quien otorga los permisos para la emisión de placas, son las entidades quienes tienen la facultad de realizar el cambio de placas y sobre todo de cobrarlo.
“El replaqueo es un asunto 100 por ciento de competencia local, efectivamente, la federación a través de la SCT te emite una autorización o un permiso para la emisión de placas y si hay en proceso un asunto de que esté en actualización una norma oficial mexicana, como hay muchas normas que se actualizan periódicamente, eso no implica que tengas que hacer replaqueo con cargo al ciudadano”, dijo.
Por ello, el diputado local de Morena sostuvo que, en caso de contemplarse un replaqueo en Nuevo León, ya sea por decisión del estado o incluso si fuera a consecuencia de una norma federal, este no deberá tener costo al ciudadano.
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“Ahora resulta que fue un funcionario federal, pues que no recuerdan un Senador que decía en campaña que no le hicieran caso a la federación, que se iba a salir del pacto fiscal y ahora le dan instrucciones, a mí me parece pura retórica y anécdota.
“Si la federación solicita una actualización de la Norma Oficial Mexicana y si la federación llegara, cosa que no es competente, a decir que se necesita un replaqueo, yo sigo en mi postura, estoy total y absolutamente en contra si el replaqueo tiene fines recaudatorios”, comentó.
Fue el pasado miércoles cuando el Secretario de Seguridad, Aldo Fasci Zuazua, reveló la posibilidad de realizar un replaqueo homologado entre los estados del norte del país, como un tema surgido de las mesas de seguridad entre los gobernadores de Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila.