Monterrey.- El Congreso del Estado, consumó este lunes el rechazo al veto aplicado por el ex gobernador, Jaime Rodríguez, a la reforma a la Ley del ISSSTELEON, por lo que diputados locales aprobaron por unanimidad brindar la cobertura del servicio de salud a los familiares de empleadas mujeres de la paraestatal.
El presidente de la Comisión de Economía, Carlos Rodríguez, fue el encargado de presentar ante el pleno el dictamen aprobado el pasado jueves, en respuesta a la acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, contra la legislación de Nuevo León, al resultar discriminatoria.
El caso fue resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que indicó que el Instituto deberá reconocer el carácter de beneficiarios a los esposos, esposas, concubinos o concubinas de las y los servidores públicos jubilados o pensionados, en igualdad de condiciones entre hombres y mujeres y sin distinción entre matrimonios o concubinatos entre personas del mismo o diferente sexo.
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“Aunado a lo anterior, el Alto Tribunal reconoció la limitación de recursos disponibles para logar el pleno goce de los derechos sociales, lo cierto es que los Estados tienen obligaciones inmediatas por lo que respecta al derecho a la seguridad social.
“En virtud de lo anterior, esta Comisión sostiene que debe prevalecer el reconocimiento a los derechos de seguridad social sobre la estimación de impacto presupuestal señalada en las observaciones presentadas por el Ejecutivo del Estado, al tratarse del cumplimiento a una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación” declaró el Legislador.
El pasado 17 de mayo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), presentó una acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley del ISSSTELEON publicada en mayo de 2020, al considerarla discriminatoria.
En aquella ocasión los legisladores locales aprobaron una serie de modificaciones a la ley de la paraestatal de salud, pero el Gobernador, Jaime Rodríguez, vetó las reformas relacionadas a permitir que las mujeres empleadas también pudieran registrar como beneficiarios a sus esposos e hijos, como así lo hacen los empleados hombres.
Las observaciones emitidas por el ejecutivo estatal, tienen relación con el impacto presupuestal y económico, pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó los argumentos y ordenó a los diputados locales a realizar las reformas.