MONTERREY.- La Alerta AMBER, el método que se utiliza para buscar a menores sustraídos y que se encuentran en riesgo surge en Dallas, Texas, luego de que los medios de comunicación y la policía local se asociaron para desarrollar un sistema de alerta.
Tras esto surge AMBER que significa America's Missing: Broadcast Emergency Response, este acrónimo fue creado como legado para Amber Hagerman, una niña de 9 años quien fue secuestrada cuando jugaba con su bicicleta en Arlington, Texas, para posteriormente ser brutalmente asesinada.
Poco a poco el plan de la Alerta AMBER fue tomando fuerza y fue adoptada por varias ciudades de Estados Unidos de América.
La Alerta AMBER surgió desde 1996 pero fue hasta 2001 que comenzó a volverse sólida pues varios estados comenzaron a implementarlo. Antes del 2001 tan sólo 4 entidades hacían uso de él.
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Un año después, en el 2002, se realizó la primera conferencia en la Casa Blanca sobre niños desaparecidos, explotados y fugitivos. Y fue cuando la Alerta AMBER fue reconocida a nivel nacional.
También en este evento el entonces presidente George W. Bush designó a Deborah J. Daniels como la primera Coordinadora Nacional de Alerta AMBER.
En Estados Unidos el 30 de abril de 2003 se implementó la Ley PROTECT la cual reglamentó la función del Coordinador Nacional de Alerta AMBER.
Esta a su vez desarrolló y compartió los criterios sugeridos para la emisión de Alertas AMBER, además de que funciona como guía para crear una red de operación interna uniforme en todo el país y disminuir las demoras potencialmente mortales debido a la confusión entre distintas jurisdicciones.
Fue hasta el 2009 cuando estados fronterizos mexicanos se unieron al programa de Alerta AMBER además de algunas provincias canadienses.
En México, la Alerta AMBER es aplicada ya a nivel Federal, pues el programa es una herramienta eficaz de difusión que ayuda a la pronta localización y recuperación de niñas, niños y adolescentes que se encuentran en riesgo de sufrir un daño grave.
La Alerta AMBER es independiente de la denuncia o proceso penal que inicien las autoridades competentes.