Monterrey.- Javier Navarro se declaraba muy decepcionado por el trabajo del Congreso de Nuevo León en la tibia lucha fraguada contra la corrupción estatal.
“Que asuman su responsabilidad porque no han hecho su trabajo”, sentenciaba en una entrevista realizada en julio pasado, cuando aún era el presidente del Consejo Cívico. Navarro Velasco, nombrado recientemente por Samuel García como Secretario General de Gobierno, responsabilizaba a los legisladores locales de frenar la puesta en marcha del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), al que denominaba como un mero “teatro”.
Según Navarro, las cuotas partidistas han sido el mayor obstáculo para crear los grupos de trabajo que darían forma al SEA y fijarían un sistema efectivo de transparencia y rendición de cuentas en la entidad.
“Yo no sé si esto es realmente un plan perverso para que no funcionen las cosas y que se mantenga la opacidad, la corrupción y la impunidad en el estado, porque no encuentro otra razón para que el Congreso no haya hecho bien su trabajo.
“Les hemos pedido que avancen en las leyes que están incompletas o sin la precisión adecuada y no hay quien escuche, traen prioridades que hacen que esto se quede en el tintero”. Mientras no haya una voluntad del Congreso de sacar adelante estas reformas todo va a seguir igual, desgraciadamente no se ve cuándo esto pueda cambiar”, expresaba el hoy Secretario General de Gobierno.
Un plan incompleto
El nuevo SEA se puso en marcha en Nuevo León en agosto de 2018, pero su avance ha sido parcial debido a incontables obstáculos legales y a los pendientes de la parte legislativa.
Sin embargo, su costo para los ciudadanos es de 640 millones de pesos anuales, que es el presupuesto anual de organismos como la Fiscalía Anticorrupción, la Comisión de Transparencia (COTAI) y la propia Auditoría Superior del Estado (ASENL).
Debido a los escollos legislativos, estos organismos no trabajan coordinadamente, por lo que el SEA es, declararía Navarro, “un elefante blanco”.
“Si hubiera realmente interés, ya se hubieran movido los señores congresistas”, fustigaba la hoy máxima autoridad política del estado después del gobernador Samuel García.
El Poder Legislativo, decía, ha impedido la conformación de los comités ciudadanos necesarios para dar curso al SEA.
“Se empezaron a cumplir las cuotas de poder de los partidos políticos y enfrentarse una cerrazón para evitar la llegada de gente de la sociedad civil y la academia a servir en la lucha contra la corrupción”.
Los nombramientos, agregaba, “se han convertido en un teatro pero no por culpa de los ciudadanos que participan, sino del Congreso del Estado; son ellos los que inician todo el problema pues son la última parte del eslabón”.
Y confesaba: “estamos muy decepcionados de esta situación".