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Reviven en NL polémica reforma a Ley Antitabaco

La reforma vetada en 2016 por el Gobierno de Nuevo León, estuvo antecedida por un escándalo de ‘moches’ de restauranteros a diputados locales a cambio de su voto a favor.

(Especial)

Monterrey.-  Tras casi 6 años congelada, la reforma a la Ley Antitabaco, que pretende permitir áreas especiales para fumadores en restaurantes y locales de entretenimiento, tomó un nuevo impulso tras ser vetada en 2016.

El cambio de administración en el Gobierno de Nuevo León, con la llegada del emecista, Samuel García, abrió la puerta a un cambio de señal en torno al tema, luego de que la nueva secretaria de Salud, Alma Rosa Marroquín, dejara la decisión en manos de los diputados.

La postura del Ejecutivo estatal provocó que sindicatos de trabajadores, cámaras de restaurantes y casinos, alzaran la voz para exigir levantar el veto y que la Ley Antitabaco en Nuevo León se homologue con la legislación federal.

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Imagen de Gerd Altmann en Pixabay 

Y es que a nivel nacional ya se permite la asignación de un espacio especial para fumadores, equivalente al 33% del establecimiento, siempre y cuando se encuentra debidamente equipado con máquinas extractoras de humo.

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Sin embargo, también existe una tendencia a nivel nacional para generar espacios 100 por ciento libres de humo, como ya ocurre en 15 entidades del país, entre ellas Nuevo León.

A su vez, actualmente se estudia en el Senado de la República una propuesta para aplicar estos espacios dentro de la redacción de la Ley General en materia de Salud.

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Imagen de david diaz en Pixabay 

Una reforma con pasado polémico

Mientras se llevaba a cabo el análisis de la reforma a la Ley Antitabaco en 2006, ABC Noticias reveló una red de "moches" en la que la Cámara Restaurantera (Canirac) habría destinado 20 millones de pesos para pagos a diputados que aprobaran la iniciativa.

En total, los legisladores locales habrían recibido un pago de 500 mil pesos por su voto para levantar el veto emitido por el entonces Gobernador Jaime Rodríguez, lo que inmediatamente fue negado por los diputados, quienes como una primera medida congelaron el análisis.

El hoy mandatario estatal, Samuel García, se desempeñaba en ese momento como diputado local y exigió una investigación a fondo sobre la presunta “red de moches”.