Monterrey. - El Consejo Metropolitano de Justicia Cívica, llevó a cabo la firma de la Iniciativa de Ley de Justicia Cívica del Estado de Nuevo León (LJCNL), para evitar que faltas de bajo impacto delictivo se conviertan en delito o lleven a la violencia.
Lo anterior, durante la cuarta sesión del Consejo, organizada por el Poder Judicial del Estado y la Fiscalía General de Justicia y contó con la presencia de alcaldes y organismos civiles.
El Presidente del Tribunal Superior de Justicia, José Arturo Salinas Garza adelantó que la iniciativa será presentada la próxima semana ante el Congreso Local para su aprobación y urgió a utilizarla como herramienta municipal.
“Prácticamente el 70 por ciento de las llamadas al 9-1-1 tienen que ver con vecinos ruidosos…son conductas antisociales de mucha reincidencia, con bajo impacto delictivo”, indicó el titular.
Salinas puntualizó que los objetivos tienen que ver con la aplicación de sanciones, arrestos y apercibimiento, antes de llegar a un procedimiento jurídico.
“Evitar que lleguen a un procedimiento que tenga que ver con una denuncia ante el ministerio Público o con un juicio ante el Poder Judicial, lo que estamos buscando es que esas faltas no se conviertan en un delito, porque pueden escalar que no se atienden a tiempo”, declaró el magistrado.
Aclaró que cada municipio deberá determinar la multa y la sanción a aplicar, además, habrá jueves cívicos en los municipios para determinar la remisión de los probables infractores al Ministerio Público.
Autoridades reunidas en la cuarta sesión del Consejo. Foto: Oneida Tovar.
En el caso de Guadalupe, su alcaldesa Cristina Díaz, indicó que se rigen por tres tipos de sanciones: amonestación, visita y llamado presencial y sanciones que van desde los 3 mil 597 a los 5 mil pesos y que obedece al número de reincidencia que se tiene.
El Objeto de la Ley de Justicia Cívica incluye una coordinación institucional, funcionamiento de los Sistemas Municipales de Justicia Cívica como mecanismo para la prevención del delito, gestión policial, reconstrucción del tejido social y garantizar el acceso a la justicia.
Estuvo presente el Fiscal Gustavo Guerrero, Aldo Fasci, Secretario de Seguridad Pública, así como Daniel Carrillo, alcalde de San Nicolás, Cristina Díaz, alcaldesa de Guadalupe y Andrés Mijes, edil de Escobedo.