Monterrey.- Con una Fiscalía Anticorrupción diezmada por falta de personal y recursos, una Auditoría Superior “ciega” para detectar delitos en cuentas públicas y una ley subjetiva y burocrática, la lucha contra la corrupción en Nuevo León se encuentra prácticamente en la lona.
En el marco del Día Internacional de Combate a la Corrupción, el cual se conmemora este día 9 de noviembre, el número que más destaca es el de los sólo cuatro funcionarios públicos sentenciados (pero amparados) y 10 bajo proceso actualmente, lo que habla de pobres resultados, en opinión de legisladores locales y organizaciones de la sociedad civil como Redes Quinto Poder.
En entrevista exclusiva para ABC Noticias, el Fiscal Anticorrupción, Javier Garza y Garza, asegura que pese a esto existe una mejora en el tema, pero señala que el combate a la corrupción en Nuevo León se enfrenta a un proceso tortuoso, burocrático y lento.
Tras su llegada a la recién creada Fiscalía Anticorrupción, Garza y Garza se enfrentó a una reducción del 40% de su personal, así como recortes en recursos.
Aunado a esto, en 2019 la Fiscalía General le asignó el tratamiento de los temas de abusos de autoridad, en su mayoría realizados por policías.
Estos actos, que no obedecen a corrupción necesariamente, representan el 85% de los caos que debe atender del total de 2 mil 500 por año.
Aunado a esto, la dependencia se enfrenta a una ley que busca castigar delitos “subjetivos”, esto porque la redacción de los mismos dificulta su comprobación, como ocurrió con la “Operación Tornado”.
Anunciada con bombo y platillo en la administración de Jaime Rodríguez, esta investigación abrió más de 300 carpetas, pero sólo logró imputar a 29 funcionarios.
Ninguno fue sentenciado, aunque el Fiscal asegura que no ha dado carpetazo al tema.
“¿Cómo te voy a justificar el 'que a sabiendas'?… tenemos que ver esos temas legislativos importantes, (por ejemplo), hubo una reforma al ejercicio indebido y cambiaron el verbo rector, en lugar de “indebidamente”, el que “ilegalmente” y con eso desaparecieron el delito… pasó por bobas por muchos lados”, alega Garza y Garza.
Para los diputados locales, Iraís Reyes y Waldo Fernández, el problema radica en la falta de voluntad política para investigar los casos de corrupción, lo que habla de impunidad.
“Si los principales actores involucrados no están tomando el trabajo con seriedad, vamos a seguir con estos indicadores deficientes”, dijo Reyes. “´Si el Sistema no tiene voluntad política no hay condiciones para que el Fiscal Anticorrupción actúe, el Auditor ya sabes que lo pusieron los partidos”, recriminó Fernández.
Por su parte, Juan Manuel Ramos, de la ONG Redes Quinto Poder, dijo que “la corrupción debe dejar de contarse sólo en millones (de pesos), debemos de contar a cuántas personas se le están afectando sus derechos humanos elementales”.