Monterrey.- “ Estamos muy decepcionados”, dice Javier Navarro en entrevista sobre la falta de resultados del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA).
Según el presidente del Consejo Cívico los partidos representados en el Congreso de Nuevo León han intentado “apoderarse del SEA”, comprometiendo así la lucha anticorrupción en el estado.
Este sistema, integrado por diversos organismos fondeados con dinero público y pretendidamente independientes, se puso en marcha hace tres años, pero hoy está convertido, según Navarro, en un “elefante blanco”.
Pese a ello, su costo para el bolsillo ciudadano será este año de casi $640 millones de pesos. Según el titular del Consejo Cívico el problema comenzó con el llamado Comité de Acompañamiento, un grupo de la sociedad civil y académicos que arrancaría el nuevo SEA.
El comité tuvo como tarea inicial conformar un “Comité de Selección”, al cual le corresponderían tareas clave como elegir al Fiscal General del Estado y al nuevo Fiscal Anticorrupción, entre otros.
Dado que el proceso quedó bajo los auspicios del Congreso estatal, los partidos intervinieron para que el Comité de Selección quedara controlado por sus representantes, lo que contaminó políticamente las decisiones, asegura Navarro.
Esto se debió, agrega el presidente del Consejo Cívico, a “las cuotas de poder de los partidos y a su cerrazón para evitar que llegue gente de la sociedad civil a puestos que tienen una gran responsabilidad”.
Además, los jaloneos partidistas impidieron las conformación de otro brazo fundamental del SEA, conocido como el “Comité de Participación Ciudadana”, del que hasta el momento no se han podido nombrar a sus cinco miembros, quienes estarán recibiendo un salario de $100 mil pesos mensuales.
“Tanto trabajo que costaron las reformas anticorrupción y hoy no hay quien escuche, traen sus prioridades y hacen que esto se quede en el tintero y en el archivero”, critica.
Pero sí nos cuestan
A pesar de su pobreza de resultados, la lucha anticorrupción en Nuevo León tiene este año un costo de más de $600 millones de pesos. Ese es el presupuesto que ejercen la Auditoría Superior del Estado, la Contraloría estatal, la Comisión de Transparencia (Cotai), la Fiscalía Anticorrupción y el Sistema Estatal Anticorrupción mismo, que también absorbe recursos públicos por sus tareas de integración.
La cifra no incluye los $500,000 pesos que en su momento se pagarán mensualmente a los cinco miembros del Comité de Participación Ciudadana (CPC), cuando quede totalmente conformado, es decir, seis millones anuales.
Un ejemplo de la pobreza de resultados en la materia lo aportó recientemente la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tec de Monterrey, al revelar en un amplio estudio que la Fiscalía estatal Anticorrupción, a cargo de Javier Garza y Garza, ha logrado sólo tres sentencias desde su conformación, pese a que recibió en total 144 denuncias.