MONTERREY.- El Congreso del Estado ordenó este jueves a su Dirección Jurídica, estudiar la posibilidad de interponer una controversia constitucional en contra del decreto emitido por el Gobierno de Nuevo León, que reduce las áreas de amortiguamiento alrededor de las pedreras, lo que permitiría desarrollos habitacionales cerca de las empresas de piedra caliza.
Fue el coordinador de la bancada local del Partido Verde, Raúl Lozano, quien presentó ante el pleno del legislativo el punto de acuerdo que fue avalado por todas las bancadas representadas en el Congreso.
De esta manera se estableció un plazo de 10 días, para que el equipo jurídico analice los caminos a seguir para la promoción de una controversia constitucional de manera local en contra de este decreto publicado el pasado 13 de septiembre.
“Pareciera que este Gobierno dio prioridad a las ganancias económicas de unos cuantos antes de salvaguardar la salud e integridad de las personas y sus familias, ya que poco o nada les importó aprobar de un plumazo la construcción de viviendas en zonas donde se sabe que las personas que lleguen a habitarlas estarán expuestas de forma permanente”, dijo Lozano.
“Las diputadas y los diputados de esta Legislatura no podemos quedarnos de brazos cruzados viendo como unos cuantos funcionarios que van de salida nos dejan un verdadero problema que pondrá en riesgo la integridad de miles de familias”, añadió.
Sofía Moreno. Foto: Sofia Moreno
La “Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de Nuevo León”, establece que las atribuciones en la materia “deben ser ejercidas de manera concurrente por la Federación, el Estado y los Municipios”, en el ámbito de la competencia que les otorga dicha Ley.
Gobierno del Estado defiende Decreto
A través de un comunicado, el Gobierno de Nuevo León defendió el decreto publicado el pasado 13 de septiembre, al señalar que no amplia las zonas para fraccionar cerca de las pedreras, sino que adapta las zonas de amortiguamiento, a los permisos de desarrollos habitacionales ya autorizados por los ayuntamientos.
“El decreto… no tiene por objeto acercar la vivienda a la zona de extracción de las pedreras, sino establecer y delimitar las zonas de salvaguarda que contempla la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, dando certeza jurídica sobre las mismas, y considerando las autorizaciones municipales dadas previamente para los usos habitacionales dentro de la zona”, señala el documento.