MONTERREY.- A los retrasos y caos vial provocados por trabajos inconclusos en el recarpeteo de la Carretera Nacional se le sumó otra polémica al trascender un nexo entre Grupo Industrial Permart S.A. de C.V. con ubicación en Reynosa, Tamaulipas con un empresario ejecutado en San Pedro a finales de 2021.
Ello al darse a conocer que la compañía que obtuvo la licitación pública nacional número L0-009000975-ES-2021 es propiedad de Julio César Carmona Angulo, hermano de Sergio Carmona Angulo, empresario asesinado en una barbería del municipio sampetrino el pasado 22 de noviembre.
Inclusive la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SCT) indicó que en los procesos licitatorios desconocían los presuntos antecedentes delictivos del propietario de la empresa Grupo Industrial Permant.
“Los responsables de los procesos licitatorios desconocían los presuntos antecedentes delictivos del propietario de la empresa Grupo Industrial Permant, S. A. de C. V., que resultó adjudicada para ejecutar la obra de la Carretera Nacional a la altura de El Uro”, cita la SCT en un documento.
Fue en diciembre de 2018, cuando se nombró a Julio César como titular de la Aduana de Reynosa por el administrador general en ese entonces, Ricardo Peralta Saucedo, donde el ahora empresario estuvo menos de cuatro meses en el cargo, tiempo en el que tuvo señalamientos de corrupción.
En su historial, se señaló que, a mediados de 2021, Sergio Carmona Angulo, Perla Sharaza McDonald Sánchez, Sergio Carmona Gómez y Julio César Carmona Angulo fueron denunciados ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción por el PRD por presunta defraudación fiscal y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
También se señala que Permart, Grupo Industrial Joser y Consultoría Reymar, tuvieron acusaciones por supuestamente financiar campañas del PAN y en junio del año pasado dar apoyo a integrantes de Morena.
Sergio Carmona Angulo, empresario tamaulipeco. Foto: Especial
Asimismo, trascendió que Sergio Carmona Angulo fue investigado antes de su ejecución por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por contrabando de hidrocarburos desde Estados Unidos y lavado de dinero.