Monterrey. – El Diputado Eduardo Gaona, de Movimiento Ciudadano, hizo pública la presentación de una iniciativa que busca precisar en la ley los casos que ameriten la entrega de la Constancia de No Antecedentes Penales.
El líder del grupo parlamentario del Partido Naranja consideró que el pedir este documento sin algún tipo de justificación es una acción discriminatoria que ataca el derecho a la igualdad.
“En algunos trámites (ante consulados, acceso a cargos o empleos públicos) se requiere la presentación de la Carta de No Antecedentes Penales”, comenzó explicando.
“Ante esta situación, consideramos que requerir la Carta de No Antecedentes Penales debe estar establecida específicamente en las disposiciones que al caso concreto se esté solicitando. Así, requerir este documento sin una justificación legalmente prevista se considera discriminatorio y vulnera el derecho a la igualdad, en contravención del Artículo 1° de la Constitución Federal”, agregó el legislador.
Gaona señaló que el historial de una persona no tiene porqué lastimar su ejercicio en cuestión de los derechos humanos.
“El derecho humano a la privacidad se ha tornado relevante ante las actividades cotidianas, por lo que requerir la Carta de No Antecedentes Penales se torna en una invasión a los datos personales de la ciudadanía”, comentó.
“El ejercicio de un derecho humano no puede estar supeditado a la vulneración de otro, en virtud del principio de interdependencia. Además, podría considerarse como una violación al derecho a la privacidad de los datos de la persona, tutelado por el Artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que proponemos su derogación”, apuntó Gaona.
En el año 2018 Nuevo León se convirtió en el primer estado que eliminó la Carta de No Antecedentes Penales como requisito para conseguir un empleo.
Actualmente, este documento solo puede ser presentado en caso de que: la soliciten las autoridades competentes para fines de investigación criminal, procesales o por requerimiento de autoridad judicial; cuando sea solicitada por ser necesaria para ejercer un derecho; en los casos específicos en los que la normatividad lo establezca como requisito para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público; y cuando sea solicitada por una embajada o consulado de México o extranjeros.