Monterrey.- El Gobierno del Estado informó que no puede presentar al Congreso local el Presupuesto de Egresos del año entrante debido a que el Legislativo no ha aprobado aún la Ley de Ingresos, que recibió desde el 7 de noviembre pasado.
Las autoridades estatales señalan que “hasta determinar el monto definitivo de los ingresos que percibiría en el 2023, el Poder Ejecutivo no puede entregar la propuesta al Congreso”.
A través de un comunicado, ayer por la tarde la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado indicó que para enviar el proyecto de egresos es necesario contar con los ingresos para poder hacer el cálculo y el etiquetado de los recursos.
Según el artículo 125, Fracción XIX de la Constitución, el Ejecutivo debe presentar al Congreso del Estado el Presupuesto de Egresos del año siguiente, a más tardar, el día 20 de noviembre.
El pasado 7 de noviembre, el tesorero Carlos Garza envió a la comisión de Presupuesto del Congreso (entonces presidida por Movimiento Ciudadano) las iniciativas del paquete fiscal 2023: la Ley de Ingresos, la Ley de Hacienda del Estado, la Ley del Instituto de Control Vehicular y la Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de Nuevo León.
“Hasta este momento, el Ejecutivo no está en posibilidades de presentar la complementaria Ley de Egresos y sus anexos, hasta que el Congreso vote la Ley de Ingresos y confirme el monto definitivo que será considerado para el año 2023”, indica el comunicado.
Así mismo, el Estado estima que el monto de ingresos para la entidad ascenderá a 140 mil 037 millones de pesos.
Acusan tácticas de dilación
Por la mañana de este martes, la legisladora emecista Sandra Pámanes acusó a los panistas de no querer recibir el paquete fiscal para su análisis debido a los conflictos políticos que enfrentan ambos poderes.
“Quienes no están cumpliendo con la responsabilidad de analizar y entrar a la profundidad de lo que significa el presupuesto, es este Congreso y específicamente el PRI y el PAN”.
“El Gobernador tiene la facultad de decir que no lo presentó y aplicó el anterior; afortunadamente hay esa salvedad y ese es un derecho que tiene el Poder Ejecutivo, que si lo desea lo puede aplicar”, señaló la legisladora.
La disputa entre poderes inició con el proceso de selección del Fiscal General, luiego de que el gobernador Samuel García adelantó que vetaría a Adrián de la Garza Santos. Continúo con el rechazo de los legisladores del PAN a recibir el paquete fiscal y siguió con el anuncio de un juicio político contra de funcionarios estatales, así como una alianza que formaron alcaldes metropolitanos.