Monterrey.- Frente al Juicio Político promovido en su contra por el Congreso local, el secretario General de Gobierno, Javier Navarro Velasco, promovió un Incidente de Nulidad de Notificación y/o Emplazamiento y Regularización de Procedimiento, señalando irregularidades en el proceder de los legisladores.
“Comparezco a promover Incidente de Nulidad de Notificación de Notificación y/o Emplazamiento y Regularización de Procedimiento dentro del Juicio Político”, señaló Navarro Velasco en el escrito de 33 páginas.
Mediante una comparecencia escrita que el funcionario envió al Congreso local a través de la Oficialía de Partes en respuesta a comparecencia por la que fue citado este miércoles por la Comisión Jurisdiccional, Navarro Velasco cuestionó la celeridad con que fue creada la Comisión, señalando extrañeza por la "rapidez inusitada, innecesaria e injustificada".
"Es de explorado derecho que la urgencia en los casos de los procesos legislativos no queda al capricho, necesidad o utilidad de los Partidos Políticos ni de los Diputados que lo integran, sino que deberá fundarse y motivarse a fin de que quede debidamente justificada la necesidad de urgencia", señala Navarro Velasco en el documento.
Por tanto, el funcionario solicitó en su réplica al Congreso, que el proceso en su contra se reponga, debido a que no fue notificado de forma personal y que tampoco se respetó el término de cinco días para realizar la audiencia.
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"No existe ningún acta o documento que justifique la urgencia en el Procedimiento de Juicio Político, del nombramiento de la Comisión Jurisdiccional, ni tampoco en subirlo a Pleno para su voto. Pareciera que los diputados tuvieran una consigna o interés especial en que este procedimiento se resuelva lo antes posible, no obstante, de estar violando todas las disposiciones legales aplicables”, indicó
El pasado 15 de noviembre, los presidentes del PRI y PAN en Nuevo León, José Luis Garza Ochoa y Hernán Salinas Wolberg presentaron una denuncia solicitando que a Javier Navarro se le separe de su cargo como secretario general de Gobierno e inhabilitación para ejercer cargo público.