Monterrey.- Al destacar que desde la transición de Procuraduría a Fiscalía se ha registrado un déficit de más de 400 elementos operativos, el encargado del despacho de la Fiscalía General de Justicia, Pedro Arce Jardón, solicitó un presupuesto para el 2023 de 5 mil 142 millones de pesos.
Y es que debido a la intención del Estado de darles poco más de 3 mil 983 millones de pesos, el Fiscal interino expuso durante su comparecencia ante la Comisión de Presupuesto del Congreso local, que existen distintas necesidades que podrían afectar su operatividad.
Detalló que existe un importante déficit de elementos del 2018 a la fecha que se distribuyen en 200 agentes investigadores, 100 ministeriales y 185 peritos de criminalística los que buscarían reponer.
En su participación, destacó que buscarán un Centro para Investigación de Delitos contra NNA y Mujeres, en sustitución del CEJUM para atender feminicidios y violencia intrafamiliar aunado a la Fiscalía en Feminicidios y delitos contra las mujeres.
Asimismo, indicó que para el segundo semestre de 2023 se espera que esté operando una segunda unidad del Servicio Médico Forense (Semefo) para el cuál invertirán 483 millones de pesos.
Añadió que en 2022 llevan 104 mil 510 carpetas de investigación, contra las 83 mil 635 registradas en 2018, cuando desapareció la Procuraduría General de Justicia y que de mil 251 ministerios públicos que tenían ese año, actualmente hay mil 122.
A pregunta expresa sobre la expectativa de que se cumpla la petición de recursos presupuestales ante la falta de acuerdo entre el Ejecutivo y el Congreso, dijo que por lo pronto ellos están cumpliendo con presentar la solicitud de lo que necesitan en lo que se resuelve esta situación.
“Ya si lo que determinen en el Legislativo en cuanto al presupuesto nosotros estamos puestos a trabajar con lo que nos den, claro, si no se nos da lo solicitado pues si se vería afectado los proyectos de inversión que he señalado, El déficit de Personas que tenemos no estaría cubierto en su totalidad y eso de cierta forma nos podría afectar en el desarrollo de nuestras actividades”.
Sin embargo, indicó que a pesar de que no se cumpla con esta expectativa ellos deberán de dar los resultados que la ciudadanía demanda en materia de procuración impartición de justicia aunado a que de momento se descarta que presenten algún recurso legal para presionar a que se les dé más dinero, como sí lo habría hecho su antecesor Gustavo Adolfo Guerrero.
El aumento solicitado equivale a un 33.58 % distribuido en:
- 7.7 % corresponde al índice inflacionario
- 9.6 por ciento a proyectos de inversión, es decir obras físicas.
- 15.21 por ciento para la contratación de casi 500 trabajadores y gasto corriente.