Monterrey.- La falta de legislación en la materia provocará que al menos 700 padres de familia pasen esta Navidad lejos de sus hijos, donde la principal causa de esto, son las restricciones jurídicas derivadas de falsas acusaciones y denuncias por presunta violencia familiar.
Ante este panorama, 30 integrantes de la asociación “No más hijos rehenes” se manifestaron afuera del Congreso local, donde colocaron mensajes para buscar justicia, y los regalos que no podrán entregar personalmente a sus hijos esta temporada, apuntó Alejandro Ríos, vocero de la organización.
Asimismo, resaltó que aceptar denuncias falsas por violencia familiar y psicológica se ha convertido en la estrategia de abogados y sus contrapartes para poder pedir grandes cantidades de dinero y un control sobre los menores.
“Buscamos tener una ley de convivencia compartida mediante todos estos procesos que son muy largos, exigimos tener más convivencia con nuestros hijos y a las sanciones que nos obstruyan de saber de ellos, también que les hagan un test (psicológico) a quienes hacen esas denuncias falsas.
“También es muy importante sancionar a los abogados y a las personas que hacen esas denuncias falsas, para que los niños no sean los afectados en un divorcio. Es muy fácil, quítenles la cédula profesional”, indicó Ríos.
El representante ejemplificó que existen inequidades en la ley actualmente como en el artículo 414 bis del Código Civil de Nuevo León el cuál comentó “favorece la guardia y custodia a las mujeres por el simple hecho de serlo”, dijo el activista.
Pancartas colocadas afuera del Congreso Local. Foto: Iram Hernández
Alejandro, también manifestó que en el centro de convivencia se aplican medidas muy restrictivas al punto de no dejarlos pasar alguna cámara o celular para poder tomarse una fotografía con sus pequeños donde destacó que “los tratan como si fueran presos”.
Insistió en que el movimiento busca que se respete el interés superior de la niñez y el derecho a la convivencia familiar, debido a que las mismas instituciones fungen como obstáculo a este fin, aunado a que las contrapartes y abogados de poca ética terminan usando a los menores como moneda de cambio.
Alejandro Ríos, activista. Foto: Iram Hernández