Monterrey.- La forma en la que se atienden e imponen las infracciones de Tránsito está cambiando en Nuevo León y cada vez son más municipios los que emigran hacia la justicia cívica, en la que un juez tiene la última palabra para definir una multa.
Este esquema, similar a lo que ocurre en Estados Unidos, implica que el conductor acuda a una audiencia con el juez después de un incidente vial y ahí puede argumentar una defensa ante posible infracción.
El modelo contempla, en casos como el recién anunciado en Santa Catarina, la desaparición de la figura del agente de Tránsito y de la imposición de boletas de infracción.
Esto, según declaraciones del alcalde, Jesús Nava, comenzará a aplicar a partir del mes de abril. El 31 de enero pasado, el Municipio de San Pedro puso en marcha el modelo de Justicia Cívica para temas de vialidad, como una estrategia para reducir la cifra de accidentes viales, de lesionados e incluso fallecidos en percances de ese tipo. También se busca crear un padrón de infractores.
En estos casos, aunque el agente de Tránsito levanta una boleta de infracción ésta no es definitiva, pues el ciudadano tiene hasta 15 días para inconformarse o acudir ante un juez cívico y pedir mayor información del tema.
Sin embargo, el nuevo modelo sampetrino indica también la obligación de presentarse ante el juez cívico dentro de las 72 horas inmediatas al evento de Tránsito señalado por la autoridad, en casos de conducción a exceso de velocidad, manejar con el celular en la mano y por no traer puesto el cinturón de seguridad.
Al estilo estadounidense, los conductores involucrados tendrán la oportunidad de elegir su manera de saldar la infracción: a través de trabajo comunitario, tomando un breve curso de vialidad o bien pagando la multa.
Escobedo fue pionero
El Municipio de Escobedo fue el primero en poner en marcha el mecanismo de justicia cívica desde el 2017. A través de dicho modelo, los elementos de Vialidad escobedenses ya no suelen aplicar multas, sino que entregan cédulas citatorias que dan al ciudadano un plazo de 10 días para ejercer su derecho de réplica, mediante una audiencia ante un juez cívico.
Durante el proceso, el juez muestra al ciudadano el video de la cámara de solapa del agente de Tránsito para aclararle la falta en la que incurrió y llegar a una resolución del conflicto.
Como en este caso, ya otros municipios del área metropolitana o periféricos avanzan en el tema de aprobación de reglamentos y analizan la aplicación de la Justicia Cívica en materia de incidentes de vialidad.
Pesquería, por ejemplo, contempla llevar el tema vial al sistema de Justicia Cívica; sin embargo, advierte que esto pasaría a mediados del año o bien el año próximo.
San Nicolás, por su parte, respondió a ABC Noticias, que, si bien ya se aplica el Sistema Municipal de Justicia Cívica para dar respuesta a las multas administrativas por violaciones al Reglamento de Policía y Buen Gobierno, en el tema de Tránsito no está aún contemplado.
En el caso de Monterrey, personal de la Secretaría de Seguridad Pública se limitó a señalar que actualmente están en proceso la formación del Reglamento de Justicia Cívica para la resolución de conflictos sociales.
En Guadalupe, Emilio Grimaldo Hernández, encargado de la Secretaría de Prevención Social, dijo que aunque el tema de vialidad está contemplado en el reglamento, todavía se estudia la factibilidad de llegar al esquema de justicia cívica.
“Se tiene en el reglamento, mas todavía se está estudiando si es factible para la ciudadanía aplicarlo por la justicia cívica o dejarlo como está”, indicó el funcionario.
Apodaca, por su parte, especificó que ya está listo el Reglamento de Justicia Cívica e incluye temas de vialidad, pero éste aún no es conocido por la ciudadanía.
Al respecto, Ervey Cuéllar, expresidente de la Comisión Ciudadana de Vialidad en Monterrey, advirtió que, si bien la justicia cívica está establecida en la Constitución Mexicana, sería importante que exista coordinación entre los municipios metropolitanos, pues aunque “lo más importante es que se respete la garantía de audiencia del ciudadano”.
Sin embargo, al ser un tema no homologado, esto puede causar confusión. Además, advierte que, aunque se busca combatir el riesgo de corrupción, la forma de aplicación no es una garantía contra ese problema.
Será necesario, dijo, establecer mecanismos tecnológicos que favorezcan el esclarecimiento de los hechos, como cámaras viales y corporales.